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Manifestantes gaseados por la policía, durante una protesta contra el perdón humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, ayer, en Lima. Foto: Juan Vita, AFP

Poca gracia

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Tres días después de que el Congreso de Perú rechazó su destitución en una peleada votación, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori, en prisión desde 2007 por violaciones a los derechos humanos. La decisión de Kuczynski causó el malestar de gran parte de la oposición, que lo acusa de haber negociado el indulto con el fujimorismo para poder permanecer en el poder.

La víspera de la Navidad en Perú fue, al menos, agitada. El presidente eligió ese día para anunciar que concedería el “indulto humanitario” a Alberto Fujimori, según se lee en la resolución publicada el domingo por el diario El Peruano.

Apenas 13 días antes, el ex presidente, de 79 años, había presentado la solicitud de indulto. Como parte del trámite habitual ante este tipo de pedidos, una junta médica evaluó a Fujimori y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según la información divulgada por la presidencia. Los expertos agregaron que las condiciones carcelarias implicaban un “grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

Además del indulto, Kuczynski otorgó a Fujimori la gracia presidencial “para todos los procesos penales a la fecha que se encuentren vigentes”. Esto exime al ex mandatario de ser procesado y juzgado por el caso Pativilca, en el que es acusado del asesinato de seis personas a manos del grupo paramilitar Colina en 1992.

En 2009, Fujimori fue condenado como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas también a manos del grupo Colina, y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. Por estos hechos recibió una pena de 25 años de prisión.

Estos crímenes son considerados de lesa humanidad, por lo que Fujimori no tenía derecho a una reducción de la condena, salvo que el presidente de turno le concediera el indulto humanitario, otorgado a reclusos con enfermedades graves que corren riesgo de empeorar por las condiciones carcelarias.

Al ex presidente también lo acusan de haber esterilizado de manera forzosa a más de 200.000 mujeres, en el marco de su Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990- 2000. A pesar de los testimonios y las denuncias de miles de mujeres, Fujimori todavía no ha sido juzgado por estos crímenes.

Fujimori llegó al poder en 1990 y, dos años después, dio un golpe de Estado con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En ese autogolpe, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial e inició una campaña de persecución contra militantes opositores.

En 2000, se escapó a Japón después de que se filtraron unos videos en los que aparecía su mano derecha y asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a un legislador opositor a cambio de apoyo para el gobierno. Desde el país asiático, y por fax, Fujimori envió su renuncia al cargo de presidente. El Congreso no la aceptó y, en cambio, lo destituyó.

Como un trueque

Los rumores sobre un posible indulto circulaban desde el jueves, cuando Kuczynski se salvó de ser destituido por el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Ese día, cuando faltaban pocas horas para la votación, sorprendió el anuncio del congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del ex presidente, de que votaría contra la destitución, una posición opuesta a la del resto de su partido, Fuerza Popular. Otros diez congresistas lo siguieron y sus votos fueron decisivos para que la moción finalmente quedara archivada. Para muchos sectores de la oposición, el apoyo de Kenji fue brindado a cambio del indulto para su padre.

Cuando llegó a la presidencia, hace un año y medio, Kuczynski insistió en que no iba a otorgar a Fujimori “ningún” perdón. Sin embargo, su discurso fue cambiando con el tiempo. En su última declaración acerca del tema, hace pocas semanas, anunció: “Fujimori está enfermo, pronto habrá noticias”.

La oposición antifujimorista recordó las promesas iniciales y acusó al mandatario de ser un “mentiroso” y un “traidor”. La líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónika Mendoza, aseguró en Twitter que este indulto es “una vil traición a la patria”, y acusó a Kuczynski de haber negociado con el fujimorismo “un indulto infame al corrupto y asesino Alberto Fujimori” a cambio de “salvar su pellejo”. Agregó: “Para él todo se negocia y se vende, y hoy, una vez más, ha actuado como un vendepatria dándole el indulto a un asesino y ladrón con informes truchos y comisiones médicas amañadas”.

En la misma red social, la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda calificó la decisión de “burla a la democracia” y dijo que el presidente siempre “será recordado por liberar al genocida”. En tanto, para el legislador Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, el actual mandatario debe asumir la responsabilidad política de su medida y “explicar al país de qué manera se está dando esto”, ya que la situación “hace imaginar que existe un negocio debajo de la mesa entre Kuczynski y Kenji Fujimori”.

El indulto generó rechazo también en el seno del oficialismo. La primera reacción fue la renuncia de dos congresistas del gobernante Peruanos por el Kambio: el portavoz de la bancada, Vicente Zeballos, y el legislador Alberto de Belaunde, una de las caras más conocidas del partido. De esta manera, la bancada oficialista queda con sólo 16 escaños de los 130 que tiene el Congreso peruano.

Zeballos aseguró al diario peruano El Comercio que presentará su renuncia mañana porque el indulto es una decisión del presidente que “no encaja” con sus “convicciones políticas”. Por su parte, De Belaunde dijo en Twitter que “lamenta sinceramente” lo dispuesto por Kuczynski y anunció que hoy mismo formalizará su renuncia a Peruanos por el Kambio. Fuera de los partidos políticos, los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Fujimori ya adelantaron que recurrirán el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado Carlos Rivera, quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dijo que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la CIDH puede pedir al Estado peruano que revierta la decisión. A la vez, insistió en que la medida forma parte de un “acuerdo político bajo la mesa” entre Kuczynski y los Fujimori, criticó la rapidez del proceso y denunció que uno de los miembros de la junta médica que aconsejó el indulto es médico personal del ex mandatario.

Fujimori fue internado el viernes por problemas de presión arterial en una clínica de Lima, donde permanece ingresado. Su hijo Kenji informó el domingo en Twitter que el ex presidente “continuará en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación”, tras la que “disfrutará de la libertad que se merece”. El mismo día, y antes de visitar a su padre, Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, celebró que por fin “se haga justicia”.

Mientras tanto, las calles de Lima se llenaban de personas que, en plena Nochebuena, repudiaban al ex presidente y gritaban consignas como: “Indulto es insulto”.

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