La ciudad de Shanghái, la más poblada de China, con 24 millones de habitantes, limitó el crecimiento de su población a 25 millones de personas.
Lo hizo en un plan de desarrollo urbano aprobado por el gobierno local para el período 2017-2035, en el que también limita el territorio disponible para la construcción a 3.200 kilómetros cuadrados.
El objetivo del gobierno de Shanghái es prevenir la aparición del “mal de la gran ciudad”, tal como se denomina a una serie de problemas vinculados mayoritariamente con la contaminación del aire y los recursos naturales, pero entre los cuales también se cuentan las congestiones del tránsito y la escasez de servicios públicos. El plan incluye, además, medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero el gobierno lo vincula estrechamente con la necesidad de que la población no crezca por encima del límite.
De esta manera, Shanghái imita una política de Pekín, que en 2015 limitó su población a 23 millones y su territorio habilitado para la construcción a 2.700 kilómetros cuadrados hasta 2035. En Pekín el principal problema es la contaminación de los recursos hídricos de los que se toma el agua para potabilizar y distribuir a la población. En la práctica, esta política se tradujo en el desalojo masivo de inmigrantes ilegales y un fuerte intento de formalizar toda la edificación de la ciudad. En este marco, se han cerrado ferias de pequeños comercios y se ha expulsado a personas de edificaciones ilegales para derrumbar esas construcciones y destinar esos terrenos a áreas verdes.
Las medidas impulsadas en Pekín para implementar estas políticas han sido calificadas de “despiadadas” y “contrarias a los derechos humanos” en una carta firmada por un centenar de intelectuales chinos.