Una encuesta publicada por el diario Folha de São Paulo y elaborada por Datafolha reveló que 67% de los brasileños se opone a la privatización de empresas estatales y opina que estas traerían más perjuicios que beneficios.
La consultora concluyó que la oposición a las privatizaciones es mayoría en todos los sectores de la población, ya sea que se la analice por región, sexo, edad o nivel educativo. La excepción son las personas de mayores ingresos, entre las cuales 55% apoyaría la medida.
Además, el rechazo proviene de votantes de todos los partidos, incluso los que promueven las privatizaciones, como el Partido de la Social Democracia Brasileña o Demócratas, o que respaldan al presidente Michel Temer. El mandatario anunció este año que va a impulsar la privatización de varias empresas públicas, entre ellas Eletrobras. Las privatizaciones se concretarían a lo largo del próximo año, informó el gobierno. De acuerdo con el presidente de Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, la venta de la empresa tendrá lugar entre setiembre y diciembre de 2018. También genera rechazo la posibilidad de que se abra Petrobras para la inversión de capital extranjero. En este caso, 15% está a favor y 78% en contra.
La resistencia a las privatizaciones tuvo su expresión parlamentaria a fines de noviembre. En la Comisión de Constitución y Justicia de la cámara baja fue aprobada de forma unánime una iniciativa que busca forzar la convocatoria a un referéndum antes de privatizar la estatal Eletrobras y cualquiera de sus subsidiarias. El proyecto fue respaldado por diputados de partidos opositores y oficialistas, pero para que sea aprobado definitivamente debe ser aprobado en la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado. La eventual privatización de Eletrobras también debería ser aprobada en ambas cámaras, en un trámite que no se presume fácil para el Ejecutivo, al menos en Diputados, ya que 406 integrantes de la cámara integran grupos parlamentarios extrapartidarios que rechazan las privatizaciones.
La de Eletrobras es la que genera más resistencia, especialmente porque el sector de la energía está mayoritariamente en manos privadas y la empresa estatal mantiene la supervisión de la generación y distribución de energía, así como de las hidroeléctricas más grandes del país.