Para muchos, Brasil fue una esperanza. Un país enorme, con una economía gigante, empezaba a ser conducido con una lógica diferente, se metía en los foros de las economías más grandes y su voz era tomada en cuenta. Ese enorme potencial, complementado con políticas sociales inclusivas, permitía creer que bajo su liderazgo había un futuro para esta región. Hoy la realidad es otra: recesión, desempleo y un círculo vicioso generado por la falta de esperanza.
Brasil vive la peor crisis en más de un siglo. Su economía retrocedió 3,8% en 2015 y 4,6% en 2016, según el Índice de Actividad Económica que elabora el Banco Central. Estas dos caídas del nivel de actividad son las peores desde 1901.
Michel Temer, quien quedó en el cargo de presidente después de que el Parlamento destituyera a Dilma Rousseff, tuvo que decir algo al respecto. No lo hizo en un espacio público, sino en un discurso pronunciado ante sus ministros en el Palacio del Planalto, en Brasilia. Destacó que todavía no se perciben los resultados positivos de la “osadía responsable” que tuvo su gobierno al haber impulsado “en sólo siete u ocho meses reformas” como la que establece el congelamiento del gasto público durante 20 años.
“Poner orden en las cuentas públicas significa crear las condiciones para retomar el crecimiento y la generación de empleos”, dijo Temer. Por su parte, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, consideró que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1% en 2017, aunque aclaró que esa proyección está sujeta a “revisiones” periódicas que toman en cuenta los cambios coyunturales. Al unísono, Alexandre Schwartsman, ex - director del área internacional del Banco Central, consideró que, si bien la caída de la actividad el año pasado “no fue una buena noticia”, ello respondía a “los estertores de la recesión”.
Las cifras del Banco Central indican que la poderosa industria brasileña fue el sector más golpeado por la crisis, con una baja de 6,6% frente a la actividad de 2015, cuando cayó por tercer año consecutivo.
La contracción de la actividad industrial afecta con fuerza la generación de empleos estables y de calidad, de acuerdo con un informe de fines de 2016 presentado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Este informe destaca que la utilización de la capacidad instalada de la industria brasileña cayó a fines de 2016 a 76%, su menor nivel desde 2003.
El índice de desempleo llegó en el último trimestre del año pasado a 12% y a un récord de 12,3 millones de personas en busca de empleo. En enero la Organización Internacional del Trabajo pronosticó que la desocupación seguirá creciendo en Brasil en 2017, y estima que afectará a 13,6 millones de ciudadanos.
Por su parte, el Banco Mundial señala que los dos años de caída del PIB y, sobre todo, el desmontaje de las políticas sociales impulsadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), puede hacer que 3,6 millones de brasileños vuelvan a la pobreza, lo que tiene un potencial para aumentar la tensión social. Esther Dweck, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y ex secretaria de Presupuesto Federal (2015-2016), afirma que existe un riesgo real de que Brasil experimente una situación similar a la vivida por Grecia. “No soy ni un poco optimista. Si el país crece 0,5% este año, el desempleo aumentará. Se necesita crecer 2%, 3% para mantener una tasa del desempleo razonable. A Grecia, la troika (en referencia a la Unión Europea, el Banco Central de Europa y el Fondo Monetario Internacional) no le permitió hacer política anticíclica. En nuestro caso, estamos practicando la destrucción del sistema de bienestar social y de las medidas de inducción del crecimiento”, dijo.
La economista recuerda que, entre otras consecuencias, los ocho años de austeridad fiscal en Grecia llevaron a una reducción de 30% en el PIB del país, y un desempleo por encima del 20% desde hace cinco años. “A mediano plazo, medidas como el PEC, que establece límites a los gastos públicos y la reforma de la Seguridad Social, tienden a eliminar el ‘colchón’” la red de protección social bastante consolidada para un país en desarrollo. Para Dweck, eliminar ese “colchón” hace al país más vulnerable “a convulsiones sociales en caso de crisis económica como la de ahora”.
En particular es llamativa la discusión en torno al programa Bolsa Familia, que beneficia a 14 millones de familias. El gobierno de Michel Temer parece entender que si la persona salió de la línea de pobreza, tiene que dejar el programa, lo que naturalmente contraría la lógica inherente a este.
El Banco Mundial estima que entre 2003 y 2014 Brasil vivió una fase de progreso económico y social en la que más de 29 millones de personas salieron de la pobreza. Señala que en esa misma etapa la desigualdad disminuyó fuertemente (el coeficiente de Gini pasó de 58,1 a 51,5 en ese período) y que el nivel de ingreso del 40% más pobre de la población aumentó en promedio 7,1% en términos reales entre 2003 y 2014, en comparación con el crecimiento del ingreso de 4,4% observado para la población general. Para el organismo, “desde 2015 el ritmo de reducción de la pobreza y la desigualdad parece estar estancado”.
El gobierno de Temer creyó en su momento que los empresarios invertirían porque el PT ya no estaba en el Poder Ejecutivo, porque iban a privatizar las empresas estatales o porque el gobierno aprobó una ley que congela sus gastos por 20 años. Pero no fue así.
Las diferencias que tiene esta crisis con la que el país vivió entre 2008 y 2009, como consecuencia de la crisis financiera en Estados Unidos, son enormes. La actual no cuenta con los salvavidas sociales: los beneficios de la seguridad social, el mencionado programa Bolsa Familia y derechos laborales. La consecuencia es que la crisis económica puede pasar a ser crisis social.
Esos programas, además de atenuar las tensiones sociales, también ayudaban en la salida de la crisis económica porque transferían recursos hacia los sectores que gastan todo su ingreso y por lo tanto estimulan el consumo, la producción y la generación de empleo.
Ahora el gobierno no quiere gastar porque busca evitar ocupar el lugar que debería tener la iniciativa privada, y los empresarios no invierten porque no tienen expectativas de vender su producción. Las familias que conservan el empleo no gastan porque temen perderlo. Gobierno, empresarios y trabajadores están dando vueltas dentro de un sistema cerrado y vicioso sin que nadie se sienta con las ganas de romperlo.