El Parlamento Europeo aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y puso así en marcha la cuenta regresiva para su entrada en vigor, prevista para el segundo trimestre del año. Los parlamentos de todos los países miembros de la UE deben votar el acuerdo, aunque no tienen plazo para hacerlo. Sólo un rechazo de alguno de los parlamentos impediría la entrada en vigor del CETA.
Básicamente, el acuerdo elimina los impuestos en el comercio internacional de bienes y servicios entre Canadá y los países de la UE. Según los impulsores de la iniciativa, esto permitirá un crecimiento del comercio entre las partes de hasta 20%. Sin embargo, los opositores al acuerdo sostienen que impone sus propias normas sobre las leyes de los distintos países, atropellando principalmente la legislación laboral, medioambiental y de propiedad intelectual.
El CETA fue aprobado con 408 votos a favor y 254 en contra. Votaron a favor los partidos de derecha y liberales, así como la mayoría de los parlamentarios socialdemócratas (unos dos tercios). Se opusieron al tratado las bancadas Izquierda Unitaria Europea -integrada, por ejemplo, por Podemos-, Europa de las Naciones y de las Libertades -que conforman los partidos de ultraderecha, como el Frente Nacional de Marine Le Pen- y Los Verdes, entre otros. Agrupaciones asociadas con la izquierda -sobre todo asociaciones de trabajadores y de estudiantes- pedían que fuera rechazado.
Mientras en el hemiciclo se debatía y se votaba, en los alrededores había protestas desde muy temprano. Se formó una cadena de personas sentadas en el piso que obligaba a los eurodiputados a pasar por encima de ellas, se colocó un caballo de Troya inflable y miles de manifestantes se agruparon tanto en las afueras del Parlamento Europeo como adentro, donde se desplegó una bandera que decía: “Hagan historia, voten no al CETA”. Protestaban por la votación del acuerdo, pero sobre todo reclamaban a los diputados socialistas que votaran en su contra, especialmente a los españoles. Activistas dijeron al diario digital Público que este acuerdo “va a profundizar la pérdida de derechos laborales” y la privatización de servicios como la salud y la educación en España.
Tras la votación, las distintas agrupaciones llamaron a sus seguidores a continuar las luchas en los parlamentos de cada país, recurriendo a las redes sociales y las columnas en blogs y medios de comunicación. Las miradas se dirigen, sobre todo, a Bélgica, donde el acuerdo debería ser ratificado por los tres parlamentos regionales y donde el sector agrícola está bajo una fuerte protección que el CETA vulneraría. Además, el gobierno belga anunció hace meses que recurriría el tratado ante el Tribunal de Justicia para saber si es legítimo que el arbitraje ante eventuales discrepancias que surjan sea resuelto por un nuevo tribunal o si debería recaer en los ya existentes.