La muerte de Teori Zavascki en enero dejó una vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF) que el presidente brasileño, Michel Temer, quiere que sea ocupada por su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. La designación generó halagos de diputados y senadores oficialistas así como de otros jueces del STF, pero también críticas de la oposición.
De Moraes tiene 49 años y fue el abogado defensor de Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados que está en detención preventiva acusado de varios cargos de corrupción. Fue secretario de Justicia (2002-2005) y de Seguridad Pública (2006-2016) de San Pablo en los gobiernos de Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña, al que pertenece. De la política paulista saltó a la nacional en 2016, cuando Temer lo nombró ministro de Justicia, después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La designación es “ruin” y “atiende intereses políticos”, opinó el líder del opositor Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa. Tanto él como otros senadores y diputados del PT consideraron que haber sido defensor de Cunha lo invalida para ocupar un cargo en el STF, un órgano en el que habrá que tomar muchísimas decisiones con respecto a la investigación de la corrupción en Petrobras en aquellos casos que involucran a personas con fueros. Algunas de estas decisiones pueden alcanzar a integrantes del gobierno, incluso al propio Temer.
La designación incluso fue criticada por columnistas del diario Folha de São Paulo y de la página web de la cadena O Globo. Entre las principales críticas se recuerda que De Moraes ha tenido una actividad política intensa que lo inhabilita a acceder a un cargo en que debería primar la imparcialidad. Lo curioso es que el propio De Moraes, en una tesis que presentó en el año 2000, afirmó que debería ser “vetado el acceso” para el cargo de juez del STF a todo aquel que “estuviera en el ejercicio o hubiera ejercido un cargo de confianza en el Poder Ejecutivo”.
El abogado llega al cargo después de haber recibido múltiples críticas por su actuación ante la crisis en el sistema penal brasileño, que causó la muerte de decenas de presos y permitió la fuga de cientos. Además trae otras polémicas a cuestas: cuando era secretario de Seguridad Pública de San Pablo ordenó que la Policía Militar ingresara a un colegio ocupado por estudiantes y hay acusaciones de que, en ese mismo período, la secretaría maquillaba las cifras para que no fuera evidente el aumento de la violencia policial -que sí era registrada por organizaciones civiles- y para mostrar una falsa reducción de los homicidios.