El gobierno de Cristina Fernández estrenó en Argentina la venta de dólares a futuro, una modalidad que ya se utilizaba para otros productos, como la soja. Se trata de un contrato entre un vendedor -el Banco Central de Argentina (BCA)- y un comprador -usualmente empresas o privados con un gran poder adquisitivo- que se comprometen a vender o comprar dólares en determinado momento futuro con un precio predeterminado, en este caso, el que el gobierno proyecta que va a valer la divisa para entonces.
Para que esta operativa no dé pérdidas al vendedor es clave que haya una estimación acertada de a cuánto estará el dólar al momento de la venta. Esto fue lo que no funcionó al final del gobierno de Fernández. La venta de dólares a futuro se establecía al precio al que el Poder Ejecutivo consideraba que estaría la divisa, algo más de diez pesos argentinos por dólar. Pero con la llegada de Mauricio Macri al gobierno y el fin de las restricciones a la compraventa de dólares, su precio se disparó y, cuando se concretaron las últimas operaciones, en marzo de 2016, el dólar estaba a 15 pesos, lo que causó un perjuicio al BCA, que dejó de cobrar cinco pesos argentinos por cada dólar vendido -hasta un total de 55.000 millones de pesos, según la Justicia-.
La denuncia que derivó en la investigación judicial fue presentada cuando Macri ya había sido electo, pero antes de que asumiera el cargo, por los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri -integrantes de la coalición ahora oficialista Cambiemos-, a instancias de personas que después integrarían el equipo económico de Macri, entre ellos el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay.
Esta no es la única investigación abierta por este tema: un fiscal pidió que sean investigados jerarcas y personas cercanas al gobierno de Macri que se vieron beneficiados por el aumento del precio del dólar porque habían comprado dólares a futuro a la administración kirchnerista. Entre ellos están el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de Macri, José María Torello, el presidente de Caputo SA y amigo de Macri, Nicolás Caputo, y los responsables de la empresa Chery Socma, que pertenece al Grupo Macri.
La ex presidenta llegó a apelar su procesamiento, pero una vez que fue confirmado por un tribunal pidió ir a juicio oral “con la mayor premura”. Además de Fernández, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y varios directivos del BCA, entre ellos su ex presidente Alejandro Vanoli. Todos serán enjuiciados como coautores del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.