Surgieron nuevos cargos contra la ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, que se encuentra en prisión preventiva desde 2015 por un caso de corrupción conocido como “La Línea”, que provocó su dimisión y la del ex mandatario Otto Pérez Molina. La semana pasada, la situación judicial de Baldetti dio un nuevo giro cuando fue acusada por primera vez en Estados Unidos, país que además pidió su extradición.
La ex vicepresidenta es acusada de conspirar, entre 2010 y 2015, para distribuir “cinco o más kilos de cocaína con la intención y el conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos”, según informó la embajada estadounidense en Guatemala. Por el mismo delito fue acusado el ex ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla.
La titular del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, dijo el viernes en una conferencia de prensa que, como Baldetti y López Bonilla tienen procesos penales pendientes en su país, hay que esperar a que concluyan y haya una sentencia para extraditarlos a Estados Unidos. De todas formas, dijo que todavía no recibió ninguna solicitud de extradición, aunque reconoció que Estados Unidos le pidió a su ministerio información sobre los procesos abiertos contra los dos ex funcionarios.
Unas horas después de que se diera a conocer la solicitud de extradición, Baldetti manifestó mediante su abogado que “jamás” participó en acciones ilegales vinculadas al tráfico de drogas, calificó la acusación de “completamente falsa” y dijo que era “el colmo de la persecución”.
Como si las cinco causas por corrupción que enfrenta en su país y la solicitud de extradición de Estados Unidos fueran poco, un juez de Guatemala decidió el lunes enviar a Baldetti a juicio por participar en un fraude millonario para limpiar el lago de Amatitlán con “un producto milagroso” que resultó ser agua con sal. Según informó el diario El Periódico de Guatemala, por este caso fueron acusadas 12 personas más. Pero Baldetti aparece como la “cabecilla” porque usó su poder político como vicepresidenta para otorgar la concesión del contrato para la limpieza del lago por un valor de 18 millones de dólares a una empresa israelí. Además, autorizó reuniones y acciones que permitieron el avance del proceso, siempre teniendo conocimiento de que todo era un intento de defraudar al Estado.