Hoy, nueve meses después del referéndum, la primera ministra británica, Theresa May, activará el brexit y formalizará la intención del país de dejar de ser parte de la Unión Europea (UE). Con la separación, los ciudadanos británicos ya no serán europeos, las empresas de Europa ya no colocarán sus productos sin aranceles en la isla, ni las británicas lo harán en los países del bloque. Tampoco regirán las mismas normas comerciales, ni las sanitarias, ni las aduaneras para el intercambio de bienes y servicios entre ambas partes.
El 23 de junio de 2016 será recordado como el día en que 52,8% de los votantes británicos respondió que sí a la pregunta: ¿debe Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonarla?
El 1º de febrero de 2017, con 498 votos a favor y 114 en contra, la Cámara de los Comunes autorizó a la primera ministra británica a activar el proceso de salida de la UE, y el 13 de marzo fue aprobado por la Cámara de los Lores el proyecto de ley para notificarle a la UE la retirada de Reino Unido. Como no podía ser de otra manera, el 16 de marzo la reina Isabel dio su consentimiento como jefa de Estado al dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza a May a impulsar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y dar inicio al brexit.
Para Reino Unido, la salida significa que se afectará su relación con un mercado de 500 millones de personas, con un bloque cuyo Producto Interno Bruto (PIB) conjunto es de 13 billones de dólares y cuya demanda abarca 44% de las exportaciones británicas, de las que la cuarta parte son servicios financieros.
Si se considera a la UE como conjunto, el impacto comercial de la salida de Reino Unido no sería tan alto en tanto que el intercambio comercial con ese país sólo es de 3% de su PIB. Sin embargo, para algunos casos puntuales como Alemania, Holanda y Francia, que son los principales proveedores europeos de la isla, el golpe puede ser considerable, en particular para sus empresas exportadoras.
La pertenencia al bloque permitía a las empresas intercambiar productos y servicios sin tener que pagar aranceles, lo que, salvo que se logre un acuerdo que mantenga el libre comercio entre las partes -parecido al que rige entre la UE y Noruega o Suiza- significará mayores costos y trámites. La salida determinará, como contracara, que las empresas de otros países estén en condiciones más favorables para venderle a Reino Unido, en particular las chinas.
Pero los efectos no son sólo comerciales, porque, con la separación, los ciudadanos británicos ya no serán europeos. Más de tres millones de europeos viven en Reino Unido, y 1,3 millones de ciudadanos británicos viven en países de la UE. Hasta ahora a todos se los considera ciudadanos de la UE y por ende acceden a permisos de residencia, trabajo, a los servicios de educación y salud, y a beneficios sociales del país en el que residen.
Hora de aventura
“Es una decisión soberana, pero, al mismo tiempo, haremos de tal modo que no vaya en detrimento de Europa y que Reino Unido siga siendo un socio de la Unión”, dijo el presidente de Francia, François Hollande, tras la firma de la Declaración de Roma, el sábado, por parte de los 27 estados miembros. “Pero pagará necesariamente las consecuencias, porque es la elección que se hizo”, agregó el socialista, que recordó que los británicos “ya no están en esta aventura”.
No sólo existe incertidumbre sobre cuánto afectará la salida de los británicos, sino que está en juego el propio futuro de la UE. El gran temor es que otros países sigan los pasos de Londres, más aun con el auge de las derechas “separatistas”. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admitió que esta podría ser una tentación real para otros países, y admitió que ello supondría “el fin” de la UE.
La declaración, que en ningún pasaje hace referencia a Reino Unido y su decisión de abandonar el bloque, advierte que “a nuestros países, tomados uno a uno, la dinámica mundial los condenaría a la marginación”, y agrega: “Permanecer unidos es nuestra mejor posibilidad”. Sin embargo, subraya que las decisiones que abarquen a todos los países se tomarán considerando “distintos ritmos y con distinta intensidad”.
Volviendo al brexit, los escenarios posibles son tres: un estatus preferencial -en el que ambas partes mantienen el acceso a los mercados-, la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el bloque europeo y Reino Unido o, finalmente, un quiebre total. En este último caso, las relaciones comerciales entre ambas partes se regirían sólo por las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Algunos dirigentes políticos británicos, que fueron contrarios a la separación, abogan por un estatus de “miembro preferencial”. Según cálculos del Tesoro británico, un hard brexit causaría a las empresas británicas pérdidas por unos 82.000 millones de dólares al año, lo que reduciría el PIB del país entre 5,4% y 9,5% a lo largo de los próximos 15 años. Por el contrario, quienes han estado a favor del brexit, apuntan a que la salida significará un crecimiento anual de 2,2% hasta 2030. Sostienen además que si el brexit se complementa con un TLC con la UE y con otros tratados con Estados Unidos, India y China, el país crecería 1,6% más en el mismo período.
Un informe del Parlamento británico señala que en 2016 el aporte neto del país a la UE fue de 12.500 millones de euros, algo que los que están a favor del brexit destacan que podrían usarse para impulsar el crecimiento del país, porque permitiría una redistribución del presupuesto y la financiación de reformas que aumenten la productividad.
Pero desde la Comisión Europea se ven las cosas de otro modo. Para Juncker, Reino Unido tendrá una deuda pendiente, por presupuestos y gastos en programas ya comprometidos, que ascendería a unos 70.000 millones de euros. Por las dudas, Juncker aclaró que no se trata de una multa, sino de compromisos asumidos por Londres con anterioridad.