“Se acabaron los abusos del gobierno”, dijo Trump minutos antes de firmar la orden ejecutiva con la que intentará desmantelar el legado climático de Obama y darle la bienvenida a “una nueva revolución energética”. La nueva normativa propone reducir la regulación ambiental para reactivar las industrias de explotación de petróleo y gas y la minería del carbón. Según explicó el mandatario, el decreto contribuirá a “recuperar los puestos de trabajo, volver a cumplir sueños y hacer que Estados Unidos sea rico de nuevo”. De esa forma, declaró el fin de “la guerra contra el carbón”, que “mató” tantos empleos.
Uno de los puntos centrales del decreto que Trump firmó ayer en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) es que elimina el requisito que obliga a las agencias del gobierno a considerar el impacto que puede tener en el calentamiento global cada proyecto que se inicie. Además, pide revisar, y en algunos casos directamente eliminar, las líneas del Plan de Energía Limpia de Obama, con el cual Estados Unidos se comprometió a reducir para 2030 las emisiones de carbono en 32% con respecto a los niveles de 2005. Este plan era clave para lograr que el país cumpliera sus compromisos en el acuerdo mundial sobre el cambio climático alcanzado en París en diciembre de 2015, que entró en vigor a fines de 2016.
El decreto no menciona el Acuerdo de París y, aunque Trump prometió durante la campaña electoral que no iba a cumplirlo, varios miembros de su gabinete -entre ellos los secretarios de Defensa, James Mattis, y el de Estado, Rex Tillerson- han sugerido que están a favor de que Estados Unidos siga siendo parte del pacto climático global.
El presidente firmó la orden de “Independencia energética” acompañado por el jefe de la EPA, Scott Pruitt, los secretarios de Energía, Rick Perry, e Interior, Ryan Zinke, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. En la misma sala, también aplaudieron la puesta en marcha del decreto representantes y trabajadores de la industria del carbón.
Distintas organizaciones ecologistas ya prometieron que impugnarán el decreto en los tribunales. “Estas acciones son un asalto a los valores estadounidenses y ponen en peligro la salud, la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses”, dijo el activista Tom Steyer, que encabeza el grupo NextGen Climate. El grupo Earthjustice dijo, por su parte, que luchará contra la orden tanto dentro como fuera de los tribunales. “Esta orden hace caso omiso de la ley y la realidad científica”, dijo su presidente, Trip Van Noppen. En el mismo sentido, el director ejecutivo de la organización Sierra Club, Michael Brune, dijo que la medida de Trump es un “ataque” que “ignora” la realidad. “Pelearemos en los juzgados, en las calles y en todos los estados para proteger la salud de Estados Unidos”, agregó. Este movimiento ambientalista, que convocó a protestas contra la política climática de Trump en las próximas semanas, cuenta con el apoyo de la ex directora de la EPA, Gina McCarthy, quien dijo que las medidas son “peligrosas” y “vergonzosas” para el país.
Trump ya había causado malestar en las organizaciones ambientalistas hace unos días, cuando le concedió a la empresa canadiense TransCanada un permiso para construir el oleoducto Keystone XL. Ese día, el presidente también argumentó que su decisión ayudará a crear empleos en el país y logrará una “mayor independencia energética”. Así, Trump hizo oficial la aprobación que dio el Departamento de Estado al proyecto de construcción del oleoducto, que pretende transportar 830.000 barriles diarios de petróleo desde la provincia canadiense de Alberta a distintos lugares de Estados Unidos. En respuesta a la medida, los mismos grupos ecologistas anunciaron movilizaciones contra la construcción de una infraestructura que, en palabras de Brune, “contaminará el aire y el agua, destruirá las propiedades de rancheros y granjeros” y sólo enriquecerá a los “contaminadores corporativos” que están en el gobierno de Trump.