Fracasado el golpe tan anunciado, resta explicar las razones de un hecho plagado de contradicciones. Mientras la izquierda ortodoxa latinoamericana pierde el rumbo justificando con leguleyerías un intento de golpe de Estado, las derechas se rasgan las vestiduras en defensa del sistema demoliberal, olvidando sus recientes aplausos a los golpes en Honduras, Paraguay y Brasil. Llama la atención que ni la izquierda dura ni sus antagonistas nombren siquiera las causas estratégicas y económicas del golpe fallido, que fracasó por las divisiones internas del gobierno venezolano y por las presiones internacionales.
El nombre mágico es Arco Minero del Orinoco, una inmensa superficie de 220.000 kilómetros cuadrados que se dio en concesión a empresas chinas y rusas, tal vez a alguna estadounidense y, con certeza, a la canadiense Barrick Corporation para la explotación del coltán y otros minerales. En coordinación con esta operación, el gobierno, con el apoyo de sectores de la oposición, está vendiendo los pasivos de PDVSA para crear empresas de capitales públicos y privados. Y esa es la clave.
La sentencia golpista redactada por los jueces bolivarianos presentaba como justificativo la imposibilidad de crear empresas mixtas para la gestión petrolera y minera. La oposición trancaba la aprobación de una ley al respecto. Algunos legisladores seguramente lo hacían con el objeto de hacerle la situación más difícil al gobierno, otros simplemente no daban con el precio. Tanto en la oposición conservadora como en el gobierno de Nicolás Maduro, todo era una cuestión de porcentajes en la ganancia a repartir. Sin embargo, hay un factor de poder en esta interna que no está dispuesto a perder su tajada: las Fuerzas Armadas.
Desde hace tiempo los militares controlan el Arco Minero del Orinoco y otros yacimientos. Persiguiendo a los pueblos indígenas y desarrollando la represión en zonas geoestratégicas, las Fuerzas Armadas no hacen más que proteger sus intereses. En febrero de 2016 crearon la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que empezaría a asumir toda actividad extractivista. Son las Fuerzas Armadas y las empresas transnacionales que apuestan al Arco del Orinoco las que se reparten el poder y la capacidad de decisión en el país, pues quien controla los yacimientos controla el Estado. La renta petrolera fue, es y será la base de las decisiones de la política venezolana, y tanto la oposición como el gobierno buscan conservar la parte del león. Y ahora, además, se suman los minerales.
Los militares son el poder detrás del trono que no avaló la aventura golpista. Así, la intervención de la fiscal Luisa Ortega Díaz fue el detonante formal para “desgolpear”. Chavista comprometida, al declarar la inconstitucionalidad de la medida, Ortega Díaz fue la salvación ante el bochorno internacional, al que no estaban dispuestos a exponerse ni el ala democrática del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ni los militares. Efectivamente, fueron los uniformados los que salieron a confirmar la elección de 2015 ganada por la oposición con 75%, obligando así al presidente a acatar el resultado. Hoy, controlando el petróleo, la minería y la estrategia de explotación, las Fuerzas Armadas no quieren caer en el desprestigio de la elite madurista, que parece tener los días contados. Son los militares y su ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, los que poco a poco ocuparán el espacio político que el decadente gobierno es incapaz de sostener.
Ahora la realización de las empresas es viable, pues la devolución de las atribuciones al parlamento “desacatado” se hizo a cuenta de que el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia mantienen la facultad de legislar el marco de empresas mixtas. Y quien dice hoy Poder Ejecutivo en Venezuela, dice Fuerzas Armadas. Así, el eje del poder de la revolución bolivariana se puso uniforme y charreteras, tomando el control de los minerales y del petróleo y transformando al presidente en una marioneta a la que obligan a “desgolpear” y a reconocer resultados electorales.
Como corolario del golpe, el Partido Comunista de Venezuela fue el único en denunciar el pacto gobierno-oposición a favor de la liberación de los precios, privatizaciones y entrega de tierras recuperadas. La represión en las calles responde a la crisis económica y social, sin duda, pero el origen de los enfrentamientos reside en la apropiación de la renta minero-petrolera por una elite, en la que juegan gobierno, militares y oposición, que no tiene ningún escrúpulo en liberalizar precios, privatizar y restituir el viejo orden terrateniente. Mientras tanto, las balas y los palos los reciben los que nada tienen en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo.