“¿Cómo lograr que todo este proceso sea irreversible? ¿Cómo evitar que ningún otro gobierno lo revierta?”, se preguntó la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, en una conferencia que brindó ayer en Montevideo para explicar en qué etapa está la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La respuesta está, dijo, en todo lo que pueda lograr respecto del proceso de paz el gobierno del presidente Juan Manuel Santos antes de terminar su gestión en agosto de 2018.
La jefa de la diplomacia colombiana explicó ayer que la implementación de los acuerdos -cuya ratificación final tuvo lugar en noviembre- es “tanto o más difícil” que las negociaciones que se desarrollaron en los últimos cinco años, ya que no se trata sólo de lograr que los guerrilleros “dejen las armas”, sino que, fundamentalmente, se busca “transformar” el país.
Uno de los principales puntos de este proceso es el que se centra en las víctimas, dijo Holguín. Aclaró que los acuerdos “se basan en la verdad” y obligan a las FARC a confesar si cometieron crímenes de lesa humanidad. “Quien no cuenta toda la verdad pierde las garantías”, desde beneficios en cuanto a la extensión de las penas hasta cambios en el lugar de reclusión, dijo la canciller. En ese marco, el gobierno creó la Comisión de la Verdad, que Santos formalizó ayer junto a la Unidad de Desaparecidos, que se encargará de la búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto. El otro gran apartado de este punto es el pacto nacional para la no repetición, es decir, “para que nunca más en Colombia se utilicen las armas con fines políticos”, dijo Holguín.
Otro desafío de la implementación tiene que ver con el desarrollo de las zonas rurales, las más afectadas por el conflicto armado. La canciller colombiana dijo que el gobierno creó agencias especiales para transformar el campo y acercarle herramientas -especialmente tecnológicas- para estimular la competitividad en el sector. Este cambio incluye desde repartir títulos de propiedad a los campesinos para “formalizar” el trabajo hasta lo referido a la protección de los bosques. La otra cara de la moneda es el desarrollo social de esas poblaciones que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud o al agua potable. Para eso, los acuerdos prevén la implementación de los llamados programas de desarrollo territorial en 51 municipios donde no hubo presencia del Estado en el último medio siglo. De ese total, 21 son zonas veredales -pueblos donde las FARC están concentradas actualmente para el desarme- y 30 son los municipios con mayor producción de coca.
Justamente, la droga es otro de los retos en la implementación de los acuerdos de paz. En este punto está prevista una estrategia de sustitución de cultivos. Con ese fin, el Estado ya está dando recursos a los campesinos para que dejen el cultivo de coca -en el que “generalmente caen” por falta de infraestructura- y cultiven otro producto. Esto, explicó Holguín, se enmarca en un intento de que la política de drogas tenga una visión “más humana, de salud pública y derechos humanos”.
Los puntos más discutidos durante los diálogos de paz fueron la participación política de los guerrilleros y la amnistía. Al respecto, Holguín se refirió al “estatuto de la oposición” que se aprobó el miércoles y que brinda garantías constitucionales para que las FARC se conviertan en un grupo político. Acerca de las amnistías, la canciller dijo que sólo la recibirán quienes no hayan cometido “crímenes contra la humanidad o de guerra”.
Para completar la transición a la vida civil, agregó la canciller, los guerrilleros adquirirán una cédula y serán consultados sobre lo que quieren hacer con sus vidas en esta nueva etapa.