El presidente de Brasil, Michel Temer, emitió un nuevo decreto que revoca el que había firmado el miércoles, que le había permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en Brasilia. El ministro de Defensa, Raul Jungmann, explicó que la medida fue revocada porque la situación en la capital había vuelto a la normalidad. Esto no evitó que durante la jornada de ayer se reiteraran las críticas que generó la medida, tanto en el oficialismo como en la oposición.
En otra polémica decisión, el gobierno de Temer anunció ayer por intermedio de su ministro de Agricultura, Blairo Maggi, que va a rastrear las plantas de procesamiento de JBS que estén inactivas para que sean facilitadas a otras empresas frigoríficas y promover su ingreso al mercado. El grupo JBS es el de los hermanos Joesley y Wesley Batista, quienes acordaron con la Justicia confesar todo lo que sabían sobre la corrupción en Brasil a cambio de una reducción de pena por aquellos casos en los que estuvieron involucrados. Como parte de esa confesión, involucraron a Temer y al senador suspendido Aécio Neves en casos de corrupción. El gobierno había prometido que la actuación de los empresarios no implicaría un daño para su grupo empresarial.
Mientras tanto, a nivel político y judicial seguía habiendo movimientos para propiciar o preparar la sucesión de Temer en la presidencia, al tiempo que él procuraba garantizar su continuidad en el cargo.
Por un lado, el Instituto Brasileño del Derecho a la Defensa presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se anule la confesión de los hermanos Batista y otros altos cargos de JBS. El instituto considera que el acuerdo que firmaron los empresarios y la Justicia para iniciar la confesión es inconstitucional. Se anuncia que habrá una decisión sobre este pedido –que se prevé negativa– la semana que viene.
Por otro lado, la ex presidenta Dilma Rousseff presentó ayer ante el STF un pedido para que se trate de forma urgente un recurso que presentó en setiembre contra el juicio político que la condenó a ser destituida. En setiembre el pedido fue rechazado, pero los abogados defensores de Rousseff argumentaron que ahora hay muchas más evidencias de que su destitución fue resultado de actos de corrupción y arreglos políticos, y no de un delito de responsabilidad, tal como exige la Constitución. La solicitud presentada ante el STF también pide que si el recurso es aceptado y el juicio político se anula, le sea devuelto el cargo de presidenta.
Las negociaciones para elegir al sustituto de Temer ya involucran a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso y José Sarney, informó ayer el diario Folha de São Paulo. Los tres representan a los partidos más grandes de Brasil: el de los Trabajadores, el de la Social Democracia Brasileña y del Movimiento Democrático de Brasil (al que pertenece Temer). Según el diario, ya se produjeron varios encuentros entre representantes de los ex presidentes en busca de un sustituto de consenso contando con que el Supremo Tribunal Electoral destituya a Temer por irregularidades en la última campaña electoral.