Por iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Congreso aprobó ayer un pedido al gobierno para que retire los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el monumento donde se encuentran miles de tumbas de franquistas y también cuerpos de sus víctimas. La propuesta -que fue aprobada con abstenciones del oficialismo pero sin votos en contra- entra en la categoría de lo que llaman “proposición no de ley” y, por lo tanto, no es vinculante. Eso significa que la decisión sigue estando en manos del gobierno, que para darle luz verde debería asignarle parte del presupuesto.
En la votación, también se abstuvieron los diputados del partido Esquerra Republicana de Catalunya. Este partido pedía una Ley de Memoria Histórica completamente nueva y, entre otras cosas, quería que se hiciera un reconocimiento a antifascistas como el ex presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys. Como no se aceptaron las enmiendas, decidió abstenerse.
A pesar de que se trata de un pedido “simbólico”, esta proposición tiene su peso ya que es la primera vez que el Congreso español pide “revitalizar” la Ley de Memoria Histórica. Esta norma fue aprobada en 2007 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y establece mecanismos de reparación, verdad y memoria para quienes sufrieron persecución o violencia durante la dictadura franquista. El PSOE acusa al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de haber frenado el desarrollo de varias de estas medidas en 2011, al eliminar la partida presupuestaria destinada a la Memoria Histórica utilizando como pretexto la “crisis económica”.
Además de la exhumación de los restos del dictador, el texto aprobado ayer persigue otros objetivos, como abrir las fosas comunes, retirar la simbología fascista de las calles y prohibir ayudas públicas a organizaciones que hagan apología del fascismo, como es el caso de la Fundación Franco. Por otra parte, solicita la creación de una Comisión de la Verdad, la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas, la formación de un Banco de ADN de víctimas y familiares y la reapertura de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, que Rajoy cerró en 2012. A la vez, el texto busca “resignificar” el Valle de los Caídos, para “que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica” y se convierta en un espacio para la “reconciliación”.