Cientos de opositores al gobierno venezolano bloquearon ayer calles y avenidas en rechazo a la convocatoria que hizo el presidente, Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente. Las movilizaciones, que tuvieron lugar en Caracas y en otras ciudades del país, son la respuesta al pedido de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que el lunes, luego de oír el anuncio de Maduro, llamó al “pueblo” a “rebelarse” contra “el golpe de Estado más grave en la historia venezolana”.
El “trancazo”, como llamaron a la iniciativa, que tenía como objetivo cerrar las principales vías de circulación del país, ocurrió a un mes del comienzo de la ola de protestas a favor y en contra del gobierno, que hasta ahora ha dejado un saldo de 29 muertos, centenares de lesionados y decenas de detenidos. Para evitar más muertes, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció ayer en Twitter la suspensión del porte de armas en todo el país por casi seis meses, para “garantizar la seguridad, la paz y el orden interno”.
Para coordinar la propuesta que impulsa el chavismo, Maduro creó el lunes la Comisión Presidencial Venezolana para la Asamblea Constituyente. Su jefe, el ministro de Educación, Elías Jaua, aseguró ayer en una entrevista televisada que el proceso de formación “no es para un año” o “para seis meses”, sino que se estima que puede llevarse adelante “en semanas”. El dirigente aseguró que lo que busca la Constituyente “es crear condiciones de estabilidad” para poder convocar a elecciones, algo que reclama la oposición con urgencia. En opinión de Jaua, en el país actualmente “no hay condiciones de estabilidad política para poder ir a unas elecciones que no terminen en confrontación violenta y una lucha fratricida”.
Consultado sobre la posibilidad de que esa Asamblea Constituyente disuelva definitivamente el Parlamento, de mayoría opositora, Jaua recordó que el poder constituyente “es originario” y por lo tanto está por encima de los demás poderes estatales. Agregó que aunque la Constituyente puede disolver al Parlamento, esa es una decisión que deberá tomar la asamblea una vez instalada.
La oposición opina todo lo contrario. El líder opositor Henrique Capriles dijo ayer que, mediante el proceso para cambiar la Constitución, Maduro busca evitar que en el país haya elecciones “libres y democráticas”. En conferencia de prensa, Capriles agregó: “Si nosotros aceptamos que el gobierno imponga un proceso fraudulento, le damos luz verde para que aquí no decidamos más quién nos representa”. También descartó posibles negociaciones con el gobierno para resolver la situación, ya que “reunirse con golpistas es avalar el golpe de Estado”. Por último, el opositor denunció que Maduro pretende elegir “a dedo” a la mitad de los 500 redactores de la nueva Constitución, que, según opinó, deberían ser electos mediante una votación “directa, universal y secreta”.
Por su parte, el jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, aseguró que la conformación de una Constituyente representa el “aniquilamiento” de la democracia, y reiteró que, ante esto, la única opción es “rebelarse”.