Antes de ser electo, el alcalde de San Pablo, João Dória, se comprometió a terminar con Cracolândia, una zona conocida por la venta y el consumo de drogas y propuso el plan Redención para atender a los drogadictos. La aplicación del plan debía comenzar este domingo, cuando la zona fue desalojada por la Policía Militar, pero hasta ahora los adictos deambulan por las calles de San Pablo sin recibir atención.
El domingo un operativo policial del estado y la alcaldía de San Pablo desalojó a vendedores y consumidores de drogas en Cracolândia y desmanteló las construcciones precarias que habían construido los consumidores. En el proceso fueron detenidas más de 50 personas, se requisaron algunas armas y fueron cerrados 80 locales de venta de droga, según la Policía. El operativo se llevó a cabo sin advertir previamente a nadie, ni siquiera a los residentes y comerciantes de la zona, que se vieron sorprendidos por el despliegue.
Con respecto a las personas con consumo problemático de drogas, la Policía solo las dispersó y alejó del lugar. La mayoría quedó deambulando en la zona y unas 200 se instalaron en una plaza cercana. La Policía mantuvo un patrullaje constante en Cracolândia para impedir su regreso, y ningún organismo del estado o de la alcaldía se acercó para atenderlos. Según organizaciones civiles, algunos de los consumidores se acercaron a centros de salud, pero no fueron atendidos debido a cuestiones burocráticas, como no tener documento de identidad.
Cuando la Policía terminó de desalojar el lugar, Doria ordenó que fueran derrumbados los inmuebles abandonados usados para la venta y el consumo de drogas. Lo ordenó pese a las advertencias de la Justicia y de sus propios asesores de que no era una buena decisión y que su legalidad era dudosa. El proceso fue complicado, porque cuando las máquinas de demolición llegaron al lugar todavía había personas dentro de los edificios, que fueron rápidamente evacuadas. Cuando se estaba demoliendo el primer edificio, un muro de la construcción contigua se derrumbó e hirió a tres personas; en paralelo, la Justicia paulista aceptaba un pedido de la Defensoría Pública y ordenaba la suspensión de las demoliciones.
La situación no ha mejorado desde el domingo. Cracolândia se mantiene prácticamente ocupada por la Policía, y los adictos siguen sin recibir ningún tipo de atención médica. Esta ha sido una de las principales denuncias de las organizaciones civiles que trabajan en la zona: que la Alcaldía no dispusiera de un sistema de atención sanitaria para enfrentar la situación que era evidente que se iba a generar tras el desalojo de Cracolândia. A esto se suma que varios residentes y comerciantes denunciaron que también fueron desalojados de las casas en las que vivían y que se les impide volver.
Toda la situación ha devenido en una serie de protestas en los últimos días, mientras organizaciones civiles intentan auxiliar a unos y otros para que sus derechos sean respetados o para que reciban la mejor atención. En simultáneo, el Ministerio Público anunció que investigará todas las denuncias de que la Policía violó los derechos de los residentes de la zona y criticó la “cacería humana” desplegada. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos de la alcaldía de San Pablo, Patrícia Bezerra, calificó el operativo de “desastroso”, criticó que nadie en el gabinete había sido consultado –al igual que el ministro de Salud, Wilson Pollara– y presentó su renuncia.
Organizaciones civiles denunciaron que el objetivo de los gobiernos del gobernador Geraldo Alckmin y de Doria es “limpiar” Cracolândia, con el objetivo de restaurar el barrio para después vender viviendas en una de las zonas mejor valoradas de San Pablo.
Mientras tanto, el gobierno de Doria presentó ante la Justicia un pedido para que lo autorice a internar a drogadictos en centros de rehabilitación de forma obligatoria, sin contar con el aval judicial para cada caso en particular.