El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex subsecretario de esa área Abel Fatala, por el desvío de fondos de Sueños Compartidos, un programa de viviendas sociales dirigido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En todos los casos se trata de procesamientos sin prisión, pero con un embargo de bienes por 16 millones de dólares.
Martínez de Giorgi procesó a Bonafini y los Schoklender por “defraudación contra la administración pública”. En el caso de Bonafini, el juez considera que es “partícipe necesaria” en esa defraudación porque “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”. Según el fallo, los hermanos desviaron unos 13 millones de dólares que la fundación recibió del Estado para la construcción de viviendas. Los desvíos se hicieron por medio de cheques y transferencias a cuentas bancarias de ellos o de terceros: otras 12 personas fueron procesadas por lavado de activos. La operación fue posible “gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria [con la] que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los derechos humanos” y debido a la colaboración de López y Fatala, que eran los responsables de entregar los fondos gubernamentales a la organización.
Desde que comenzó la investigación judicial, en 2011, Bonafini dijo que no había cometido ningún delito, y así lo sostuvo ante Martínez de Giorgi cuando la interrogó, en agosto. El cuestionario fue planteado a Bonafini en la sede de la asociación debido a que Martínez de Giorgi decidió dar marcha atrás con una orden de detención que había dictado en su contra por no haberse presentado a declarar en el juzgado. Una manifestación había apoyado a la dirigente.