Hoy se cumplen 180 días desde que entró en vigencia el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el calendario acordado por ambas partes, el punto de partida para su aplicación era la ratificación del acuerdo por parte del Congreso, que tuvo lugar el 1º de diciembre. A 180 días de la ratificación, debía concluirse el proceso de dejación de armas y desmovilización de la guerrilla.
El número dos de las FARC, Iván Márquez, dijo que es necesario fijar una nueva fecha para el desarme y la desmovilización, y recordó que el gobierno tardó en construir las zonas veredales, en las que los guerrilleros están aislados mientras se preparan para su reinserción en la vida civil, y señaló también que no está garantizada su seguridad una vez que abandonen las armas.
El gobierno confirmó que se busca una nueva fecha para establecer como plazo límite. Según Márquez, la guerrilla precisa al menos dos meses más para poder terminar el proceso.
Los seis meses eran también el período en que regirían las facultades especiales que le había otorgado el Congreso a Santos para aprobar decretos con efecto de ley que impulsaran la implementación de los acuerdos de paz. Previendo la caída de estas facultades especiales, Santos aprobó el fin de semana cuatro decretos que consideró “claves” para la reforma rural prevista en el acuerdo. Estos decretos disponen la formalización de la tenencia de la tierra y la distribución de tres millones de hectáreas entre familias que hoy no tienen acceso, la creación de programas de desarrollo territorial, la modernización del catastro rural y la construcción de caminería. También firmó decretos para promover la educación en zonas afectadas por el conflicto armado y para crear el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
El gobierno está haciendo todo lo posible para demostrar que la implementación del acuerdo de paz está en marcha, en especial desde que la Corte Constitucional dispuso que la intervención del Congreso en ese proceso puede ser mucho mayor. El 18 de mayo esa corte inhabilitó dos artículos del fast track, el proceso legislativo rápido que le permitió al gobierno aprobar rápidamente la mayoría de los proyectos de ley dirigidos a implementar lo convenido con la guerrilla. La decisión judicial implica que el Congreso podrá modificar los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo para implementar el acuerdo de paz. Este fallo implicó que las FARC pusieran en duda la capacidad del gobierno de hacer realidad lo acordado.