La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se convirtió en el centro de los tires y aflojes entre la oposición y el gobierno en los últimos días, al oponerse a la convocatoria de la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Un sector del chavismo pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convoque a una junta médica de expertos y peritos para evaluar la conducta de la fiscal. El diputado Pedro Carreño, que lideró al grupo de diputados oficialistas que fueron al TSJ, dijo que “esa señora no está en sus cabales [...] no está normal”. Carreño consideró que Ortega “se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo”, por lo cual “perdió la autoridad moral” para ocupar su cargo.
Ortega se ha parado en la vereda opuesta al oficialismo en varias ocasiones en las últimas semanas. Entre otras cosas, se ha mostrado de acuerdo con la oposición al rechazar el fallo en el que el TSJ quitaba a la Asamblea Nacional la potestad de legislar y se la atribuía para sí, y aquel en el que habilitó a Maduro a convocar una Asamblea Constitucional.
Carreño y los diputados asistieron a la sede del TSJ después de que la propia Ortega dejara el edificio. En su caso, asistió para solicitar que se retire la inmunidad de los ocho magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que a fines de marzo votaron por declarar en desacato a la Asamblea Nacional y atribuirse sus potestades. Ortega dijo que quiere investigar a estos magistrados por un presunto “delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación”. Para la fiscal, el TSJ ha aprobado una serie de sentencias con las que “pone en peligro la democracia”. Los fallos del TSJ contra la Asamblea Nacional y las críticas del Poder Legislativo contra el TSJ no son nuevas, pero la fiscal decidió actuar recién ahora porque se está desconociendo “el estado de derecho” y se está intentando “desmantelar el Estado” eliminando organismos por diferencias políticas.
Días atrás, Ortega presentó ante el TSJ un recurso de nulidad contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente, aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que se hizo con bases “inconstitucionales”. Además, Ortega consideró que el proceso constituyente estaría “destruyendo el legado del presidente [Hugo] Chávez”.
El centro de la argumentación en el recurso presentado por Ortega son las elecciones promovidas por el Ejecutivo y convocadas por el CNE para formar la Asamblea Constituyente. El gobierno dispuso que los venezolanos voten para elegir a los constituyentes sin antes convocar a un referéndum para definir si es necesaria una reforma –como lo había hecho Chávez en 1999–, y al principio se negó a habilitar una votación posterior para aprobar la nueva Constitución Este punto fue rechazado incluso por el oficialismo, incluidos seis ex ministros, por lo cual el Ejecutivo dio marcha atrás y anunció que sí convocaría a un referéndum para ratificar el texto constitucional.
Sin embargo, mantuvo una serie de reglas para la elección de los constituyentes, prevista para el 30 de julio: los candidatos no serán de partidos sino que se representarán a sí mismos o a grupos de electores. De los 540 constituyentes, 168 serán elegidos como representantes sectoriales –de trabajadores, campesinos, estudiantes, etcétera– y los demás, territoriales.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática no participará en esas elecciones. Denuncia, entre otras cosas, que el padrón y el sistema electoral fueron manipulados para favorecer al chavismo.
Mientras tanto, lejos de los tribunales, la oposición y el oficialismo siguen en las calles manifestando su apoyo o rechazo al gobierno. En 74 días de movilizaciones han muerto 68 personas, tanto oficialistas como opositoras.