Periódicamente se renuevan las dudas de si el gobierno de Michel Temer logrará mantenerse hasta octubre de 2018, cuando se celebran las elecciones presidenciales de Brasil, pero sí existe la certeza de que, sea con él o con otro presidente, en este período de gobierno se intentarán poner en marcha varios cambios estructurales considerados necesarios por los sectores más liberales para que la economía de Brasil retome la senda del crecimiento. En la mira están la reforma laboral, la de tercerizaciones y la del sistema de pensiones, que parte de ese impulso que busca favorecer al mercado y a los empresarios, de una u otra forma.
En el caso de la reforma laboral, se trata de una serie de cambios que en todos los casos perjudican a los trabajadores e incluso a sus representantes, los sindicatos. El propio gobierno ha dicho en varias oportunidades, orgulloso, que la reforma busca “flexibilizar y modernizar” las leyes laborales con el fin de incentivar la creación de nuevos puestos de empleo, que ha tenido grandes altibajos en Brasil en los últimos meses. Con este escenario de fondo, la semana pasada el Ejecutivo consiguió el respaldo en las dos cámaras para una reforma impopular que fue recibida con múltiples protestas cuando fue presentada.
Después de extensas negociaciones, la aprobación no deja tampoco la seguridad de que este sea el texto definitivo, ya que el presidente prometió modificar, en algún momento que no fue especificado, algunas de las disposiciones. Temer hizo esta promesa para evitar que el Senado aplicara modificaciones al proyecto de ley que lo hicieran volver a la Cámara de Diputados. En todo caso, no se espera que estas cambien la base de la reforma.
Programa perdedor
Una crítica fundamental a la reforma laboral refiere a que la coalición de partidos que hoy gobierna a Brasil no es la que ganó las últimas elecciones, sino más bien una contraria. Mientras que en las elecciones de 2014 triunfó una coalición de izquierda liderada por el Partido de los Trabajadores acompañado por el centro derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hoy es este último el que gobierna, acompañado por el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato había sido derrotado en las elecciones. Así, las reformas que ahora impulsa el gobierno de Temer no son las que estaban en el programa que ganó las elecciones de 2014, sino las que figuraban en el que perdió en esa instancia.
En términos generales, la reforma también es criticada por la modificación que aplica a las negociaciones colectivas. Las normas brasileñas establecían que en tales negociaciones podían adoptarse nuevas condiciones laborales siempre y cuando estas fueran mejores que las garantizadas en las leyes y en la Constitución para los trabajadores. Esta condición desaparece con la entrada en vigencia de la reforma laboral, 120 días después de su publicación en el Diario Oficial: las nuevas condiciones acordadas en una negociación podrán ser peores para los trabajadores que las que establecen las leyes. Esta es una norma que sobrevuela toda la reforma, ya que en reiteradas ocasiones se aclara que las nuevas disposiciones laborales pueden ser modificadas si hay un acuerdo entre el trabajador y su empleador.
Por ejemplo, la jornada laboral, hasta ahora limitada en ocho horas diarias y 44 semanales, podrá ser aumentada a 12 si existe un acuerdo entre las partes, con la única condición de que no se superen las 44 semanales. Lo mismo sucede con el descanso, cuyo mínimo de una hora se disminuye a media si hay una negociación entre el trabajador y la empresa, e incluso puede acordarse que el trabajador no goce el descanso a cambio de un pago proporcional a su duración.
Todos en contra
“Este proyecto revela cómo este gobierno actúa teniendo en el diálogo su punto principal. Conjugamos la idea de responsabilidad fiscal con la de responsabilidad social y estamos aquí preservando todos los derechos de los trabajadores. No es que queramos preservarlos, es que la Constitución Federal así lo determina”, dijo Temer al congratularse por la aprobación de la ley y promulgarla. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) no está de acuerdo y anunció que evaluará presentar un recurso en contra de la norma por 12 puntos que considera que pueden ser inconstitucionales.
Los 12 puntos señalados por el MP refieren a aspectos muy diversos. Uno de ellos es el que hace que lo acordado en negociaciones colectivas o individuales pese por encima de la ley o incluso de la Constitución. Según la carta magna, señala el MP, la negociación colectiva puede servir solamente “para garantizar que los trabajadores organizados en sindicatos puedan conquistar derechos que mejoren su condición social” y no que la empeoren.
El MP también advierte que estas y otras disposiciones de la reforma pueden contradecir no sólo la Constitución sino también acuerdos internacionales a los que Brasil está suscrito, que disponen “que toda persona tiene el derecho de disfrutar de condiciones justas de trabajo, que garanticen el reposo, el placer y la limitación razonable del trabajo”. En este sentido, cita como ejemplo la flexibilización de la jornada laboral, la posibilidad de extender el horario hasta las 12 horas y la de reducir o incluso eliminar el descanso. Además, el MP advierte que la eventual eliminación del descanso puede repercutir en un mayor cansancio del trabajador y, por lo tanto, en una mayor probabilidad de accidentes laborales.
El MP señala otra serie de artículos que refieren al vínculo con los trabajadores que no están en relación de dependencia directa, como los tercerizados o los que tienen unipersonales. Hasta hace un año la posibilidad de tercerizar estaba bastante limitada, pero Temer la liberó casi totalmente con otra de sus reformas, y ahora lo ratifica en esta. El MP advierte que la ampliación de la tercerización es contraria al principio constitucional de que todos los brasileños son iguales ante la ley, ya que permite remuneraciones diferentes a trabajadores que cumplen la misma función, entre otras cosas.
En cuanto a los trabajadores con empresas unipersonales, denominados “autónomos” en Brasil, el MP advierte que la reforma viola el derecho a tener una relación de empleo protegida y con derechos garantizados porque permite que se contrate a autónomos con exclusividad y de forma continua, pese a lo cual el empleador no tiene por qué establecer una relación de dependencia directa que le garantizaría al trabajador el acceso a determinados derechos, como el seguro de desempleo, el salario vacacional o la licencia maternal.
Otro capítulo de las advertencias del MP refiere a la Justicia laboral. Antes de la reforma, algunos costos de un juicio laboral, si el trabajador perdía, eran pagados por el Estado, ahora será el propio trabajador el que tenga que enfrentar todo el gasto. Tanto los sindicatos como el MP advierten que esto implicará que los trabajadores vean limitado su acceso a la Justicia laboral.
Sin representantes
Otro apartado de la reforma laboral refiere a los representantes de los trabajadores, los sindicatos, que son debilitados por la nueva legislación. La reforma prevé el fin del pago obligatorio de la cuota sindical, que es de un jornal por año y hasta ahora se cobraba a todos los trabajadores. Además del costado financiero, la reforma atenta contra la representatividad de los sindicatos, ya que establece que las empresas con más de 200 empleados pueden contar con “representantes de los trabajadores” que negocien en su nombre y que quienes tengan educación superior y cobren más de 11.000 reales (casi 3.500 dólares) puedan llegar a acuerdos individuales.
Ante estas modificaciones, el MP advierte que la Constitución atribuye únicamente a los sindicatos “la defensa de los derechos e intereses colectivos o individuales” de los trabajadores, “incluso en cuestiones judiciales o administrativas”.
Todas las centrales sindicales brasileñas han criticado la reforma señalando que permitirá una gran precarización del trabajo y redundará en una pérdida de derechos, pero además han apuntado en contra de estas disposiciones, que al debilitar a los sindicatos repercuten en una defensa más pobre para todos los trabajadores.
Palabras más
La Central Única de Trabajadores (CUT) responderá a la reforma laboral del gobierno brasileño con “una resistencia fortísima” y respaldando el recurso de inconstitucionalidad que será impulsado por el MP, dijo a la diaria Rafael Freire, secretario de política económica y desarrollo sustentable de la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas por la CUT.
Freire opinó que “sin ninguna duda” la reforma contiene una “agresión al movimiento sindical por varias vías”. Una de ellas es el fin de la cuota sindical obligatoria, pero la reforma también permite que sean las empresas las que formen “sindicatos de trabajadores”, lo que no garantiza que defiendan sus derechos, a la vez que restablece los sindicatos por empresa y habilita las negociaciones dentro de cada compañía, excluyéndolas de las negociaciones por rama o categoría. De esta manera, consideró, se debilita la estructura sindical y la posición del trabajador, “porque el patrón siempre es más fuerte dentro de su empresa y le es más fácil manipular al trabajador”.
La reforma laboral es la comprobación de que el “golpe de Estado” dado en Brasil tenía como objetivo final “al pueblo brasileño, en especial a la clase trabajadora”, y cierra un ciclo que empezó con el congelamiento de las inversiones públicas, continuó con el impulso a las reformas del sistema de pensiones y de trabajo y avanzará con “la condena del presidente Lula, sin ninguna prueba”, agregó el dirigente sindical.
Los trabajadores brasileños sabían que era necesario realizar una reforma de las normas laborales y del sistema de pensiones para sostener a la economía brasileña, “pero lo que no podemos hacer es perder derechos adquiridos”, dijo Freire. “Volvemos a tener las relaciones laborales del siglo XIX”, lamentó, antes de señalar, como uno de los aspectos más nocivos de la reforma, que las negociaciones colectivas pueden disponer condiciones de trabajo peores que las permitidas por la ley.
Por último, el dirigente sindical consideró que la reforma laboral y las otras que impulsa el gobierno de Michel Temer serán “un tema central en las elecciones de 2018” y agregó: “Con la organización y la estructura que tenemos hoy, la capacidad de resistencia contra el golpe es superior a la de otros momentos históricos en nuestro país”.
