La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, analiza las medidas a tomar para revertir la crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename), el organismo estatal a cargo de la protección de menores de 18 años sin familia o privados de libertad. Esto ocurre una semana después de que diputados oficialistas frenaran en el Parlamento la aprobación de un informe que denuncia la responsabilidad del Estado en la muerte de cientos de niños en dependencias de esa institución.
Con el fin de abordar la grave crisis que atraviesa el Sename, Bachelet inició el martes una ronda de encuentros con las distintas autoridades del país. El primero lo mantuvo a puertas cerradas con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; el del Senado, Andrés Zaldívar, y el de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza. Si bien la mandataria no dio detalles sobre lo hablado allí, después del encuentro dijo en un tuit que “los poderes del Estado” siguen “trabajando y actuando para terminar con la postergación de niños, niñas y jóvenes con sus derechos más vulnerados”.
En declaraciones a la prensa, Espinoza fue un poco más allá y adelantó que “en las próximas semanas” el gobierno anunciará “novedades bastante trascendentales desde el punto de vista de la protección de los menores”. Por su parte, Abbott manifestó que “la presidenta está muy preocupada y empeñada en mejorar los sistemas de educación a los niños más vulnerables” y que “está recabando información de las diferentes autoridades para poder fijar políticas públicas que sean las más adecuadas”.
En esa recolección de información seguramente aparezca que 1.313 niños, niñas y adolescentes murieron en centros del Sename desde 2005, un dato que en octubre conmocionó a la sociedad chilena y derivó en una interpelación a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, que terminó por renunciar al cargo. El Sename depende, justamente, del Ministerio de Justicia. Es posible que también vuelva a surgir el nombre de Lisette Villa, una niña de 11 años que el año pasado murió asfixiada cuando dos funcionarias la ahogaron al intentar controlar un supuesto ataque de rabia, un caso que causó gran repercusión en Chile.
Después de conocerse las más de 1.000 muertes, la Cámara de Representantes formó una comisión investigadora. Su trabajo terminó en un informe de 535 páginas en el que los diputados denuncian “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado”. Ese documento fue presentado en el Parlamento la semana pasada y no logró ser aprobado por los votos en contra del oficialismo y de partidos afines a Bachelet. La oposición acusó al gobierno de hacer “lobby” contra el informe, en particular porque contiene fuertes críticas a la ex ministra de Justicia, cercana a la presidenta y actual integrante del Consejo de Defensa del Estado. La oposición cuestionó al gobierno por hacerse cargo de la crisis “tarde y mal”.
Un informe anterior, presentado en 2014, ya responsabilizaba a las autoridades del Sename por maltratos físicos y psicológicos contra las personas a su cargo, abusos sexuales, falta de atención médica, y altos niveles de rezago y retraso escolar.
Bachelet argumenta que la crisis del Sename es un problema histórico y estructural, por lo que no sólo es responsabilidad de un determinado gobierno o de una sola persona. Además, el gobierno dijo por intermedio del ministro de Justicia, Jaime Campos, que la investigación de los diputados era incompleta y parcial, y que hacía acusaciones jurídicamente graves, como las referidas a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Campos intentó defender su posición con unas declaraciones que echaron más leña al fuego. “Lo que aquí ha fracasado es la sociedad en su conjunto, no sólo el Estado. No fue el Estado el que fue a sacar a esos niñitos de sus casas y a decirles ‘por favor, vénganse para acá porque yo los voy a transformar en elementos positivos para la sociedad’. Aquí primero fracasaron los padres, fracasaron las familias, fracasó la sociedad civil. Y también fracasó el Estado, por supuesto. Pero el Estado es la última ratio”, dijo. Unos días después, Bachelet anunció la ronda de reuniones.
Ayer no se había anunciado todavía qué medidas tomará la presidenta. Se habló de un posible aumento del presupuesto destinado al organismo encargado de la infancia, y algunos senadores plantearon crear una Comisión de Verdad y Justicia del Sename.
El resurgimiento del debate sobre el Sename aparece en plena campaña electoral en Chile. Consciente de esto, Bachelet dijo el martes en Twitter que “en nada ayuda el aprovechamiento político” del tema. Agregó: “Con los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes no se juega. Seamos serios”.
Ese mismo día, Sebastián Piñera, candidato a la presidencia por la coalición de derecha Chile Vamos, pidió “terminar con los operadores políticos en el Sename” y propuso crear un “acuerdo nacional por la infancia” para superar la crisis dejando de lado las “diferencias políticas e ideológicas”.