El gobierno catalán presentó en el Parlamento y en un acto público su proyecto de ley para convocar un referéndum sobre la independencia el 1 o de octubre e implementar su resultado. Con la presencia de las principales figuras del gobierno, se repasaron en ese acto algunos detalles de la norma que ya habían trascendido en varios medios periodísticos en las últimas semanas.
El texto, que todavía está sujeto a modificaciones, establece que el 1º de octubre se hará el referéndum, que no requerirá una participación mínima para que su resultado sea vinculante. La pregunta que deberán responder los votantes es: “¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. El resultado se aplicará de forma inmediata, sin negociaciones con el gobierno español, a diferencia de lo que se planteó originalmente. Antes se disponía que, una vez conocido el resultado del referéndum, se negociaría con el gobierno español la salida de Cataluña y, si este se negaba, se declararía la independencia de forma unilateral.
Para cada posible resultado del referéndum hay una decisión posterior marcada: si gana la permanencia en España, se convoca a elecciones; si lo hace la independencia, esta se declarará automáticamente. Si se cumple este segundo supuesto, a partir de ese momento la ley que fue presentada ayer se convierte en la norma máxima en Cataluña, una especie de “pre-Constitución” que estará en vigor mientras se redacta la que será la definitiva.
El texto no será presentado en el Parlamento hasta último momento (mediados de agosto) para retrasar una impugnación que seguramente presente el gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional español. Sin embargo, la acción judicial podría llegar antes. Ayer mismo el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, anunció que la Fiscalía “valorará” el proyecto de ley y “verá si lo incorpora a las demandas existentes” contra el proceso independentista catalán y si “merece algún tipo de responsabilidad penal”. Catalá consideró que la ley es “manifiestamente antidemocrática” y aseguró que, por esto, “nunca será una ley en vigor”.
También habló sobre el proyecto presentado ayer una de las vicepresidentas de España, Soraya Sáenz de Santamaría. Ella se encargó de advertir que, pese a que el gobierno catalán informó que declarará la independencia a 48 horas de la realización del referéndum, a Madrid le hacen falta sólo 24 horas para “obtener la paralización” del proceso. “Ni se va a realizar el referéndum ni a las 48 horas va a pasar nada”, aseguró. La vicepresidenta también acusó a las autoridades catalanas de “saltarse la Constitución”, “manipular el derecho internacional” e “inventarse una jurisprudencia que no existe” para poder convocar el referéndum. Por último, tranquilizó a los españoles diciéndoles que, en España, la ley “es lo que deciden los españoles que sea y no lo que redactan unos cuantos señores con delirios independentistas”.