Desde finales de 2015 hasta al menos la mitad de 2016, la Intendencia de Maldonado (IM) hizo varias contrataciones directas por más de 1.309.000 dólares con la fundación A Ganar. Durante todo el año pasado, esos contratos fueron observados 14 veces por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
La IM no entregó la información solicitada por el organismo de contralor e incumplió disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad (TOCAF), la Constitución y también otras normativas, mencionó el TCR en sus 14 resoluciones. Cuando la IM dio explicaciones, fueron insuficientes, según el organismo de contralor.
Con la resolución 09078/15, el gobierno departamental aprobó un convenio marco con la fundación A Ganar. El objetivo del acuerdo fue “promover la inserción plena de niños, jóvenes y adultos mayores en todos los ámbitos de la sociedad, a través del fomento de programas que articulen los esfuerzos e iniciativas de ambas instituciones”, señala una de las resoluciones del TCR.
Desde febrero de 2016, el órgano de contralor observó sucesivas resoluciones; por ejemplo, cuando la Intendencia gastó en la contratación de 19 “promotores juveniles y docentes” para los centros de Atención Infantil de Verano” (CAIV) de la fundación.
A pesar de la observación, el gobierno municipal reiteró el gasto. Luego se contrataron 72 docentes, pedidos por distintas unidades de la comuna; sólo a este rubro, el intendente Enrique Antía destinó 5.831.645 pesos. El gasto fue observado por el TCR en la sesión del 24 de febrero de 2016.
Para el Tribunal, el gobierno de Maldonado no justificó las razones de ese gasto (ni de los otros). “Los argumentos esgrimidos no guardan relación con los hechos con relevancia jurídica que dieron lugar a la observación realizada. En consecuencia, se mantiene incambiado el motivo que ameritó la observación”, ratificó el tribunal.
Otro acuerdo complementario, del 18 de diciembre de 2015 —dos días después del primer acuerdo—, se firmó entre la fundación y la Intendencia por servicios de limpieza y mantenimiento en varias policlínicas. A poco de finalizar este acuerdo complementario, la Intendencia lo renovó por 1.640.000 pesos. El TCR lo observó, porque no existió el procedimiento competitivo que exige el TOCAF.
En agosto de 2016, el TCR volvió a insistir en que no llegaron los argumentos necesarios para justificar el acuerdo. Otra resolución indica una violación al artículo 15 del TOCAF, que dispone la obligatoriedad de disponer de fondos para hacer gastos.
A pesar de las advertencias, la administración de Antía volvió a repetir otro gasto, esta vez por más de 400.000 dólares para el pago de seis meses de los trabajadores de la fundación.
Cuando venció el “convenio específico”, la administración comunal aprobó una resolución, el 23 de junio de 2016, para un “acuerdo específico”. Contrataron de forma directa a 38 auxiliares de servicio y dos encargados, y la comuna destinó unos 3.700.000 pesos. Y el TCR observó otra vez.
Una semana después, el tribunal volvió a observar un gasto por más de nueve millones de pesos para abrir 165 puestos laborales de ayudantes de docente, cocineros, auxiliares de limpieza y de cocina para los CAIV. Por los mismos motivos, el tribunal no aprobó los gastos.
En setiembre el TCR reiteró el pedido de informaciones a la IM. Recordó el primer oficio pidiendo los convenios firmados y volvió a solicitar los fundamentos legales que llevaron a contratar estos servicios tercerizados de forma directa. El TCR tampoco pudo saber en qué consisten los 165 “puestos sociolaborales” que mencionaba la IM.
A la Junta
Observación tras observación, el TCR finalizaba sus oficios advirtiendo que el literal b del artículo 211 de la Constitución obliga a los ordenadores del gasto a fundamentar los motivos de la erogación.
En noviembre de 2016 la administración de Antía envió el convenio marco firmado con la fundación, argumentando que “razones de tiempo no permitieron formalizar notarialmente el acuerdo específico”. Ninguno de esos acuerdos específicos observados fueron entregados por la IM al organismo de contralor. El tribunal tampoco pudo conocer las tareas específicas que cumplirían los docentes o los puestos “sociolaborales” de la fundación.
En febrero de 2016 la IM recibió el primer oficio solicitando esta información. En diciembre del año pasado, al no tener la respuesta del Ejecutivo sobre la información que el TCR requería, el tribunal envió los antecedentes a la Junta Departamental de Maldonado.
El tribunal tramitó ocho expedientes. La última comunicación pública del organismo de contralor fue el 26 de diciembre de 2016.
Según las resoluciones del TCR, estos gastos mal efectuados, que superarían 1.300.000 dólares, deberán “disponer la realización de los procedimientos disciplinarios correspondientes”. También evidenciaron que hubo pagos que no tenían acuerdo específico o resolución alguna.
La IM y la fundación A Ganar consideran que el asunto quedó saldado con la licitación 30/2016 que ganó la organización, la única oferente en presentarse. Hasta diciembre de 2017 la fundación tiene un contrato estable con la comuna y desde ese momento no hubo más observaciones del TCR.
La fundación A Ganar contesta | La presidencia de la fundación A Ganar es ejercida por María Magdalena Malena Secco, esposa del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas. “El grueso de los trabajadores que se tomaron venían trabajando para la Intendencia”, explicó a la diaria Alejandro Rico, director ejecutivo de la fundación. “Las horas docentes fueron para los contratos con los profesores de los programas culturales o de capacitación de la Intendencia, que tiene la administración desde hace 50 años”, afirmó Rico, que militó en el Herrerismo. Sobre el período durante el que trabajaron para la IM mientras era observada por el TCR, respondió: “Fue una situación que empezó y terminó. La fundación ha tenido convenios marco con la administración pública, no es la primera ni la última. [...] Es una práctica de la administración cuando tiene que resolver algo de forma inmediata, se apela a los convenios. Son contratos socioeducativos laborales exactamente iguales que los que tienen los organismos públicos que utilizan este sistema”, afirmó Rico. La fundación tiene convenios con el gobierno central, instituciones internacionales y empresas como Microsoft y Citibank. El director ejecutivo de la fundación destacó la necesidad de que a nivel público haya procesos competitivos para que las organizaciones brinden sus servicios “de la mejor manera”. “Y en este caso así pasó”, aseguró.
Transparencia descomunal | Para el ex intendente frenteamplista Óscar de los Santos (Alianza Progresista), esta forma de contratación “son ingresos a la función pública a través de organizaciones no gubernamentales. Pero no para realizar tareas específicas que podría realizar una ONG. Presta su nombre para ingresar funcionarios. No tiene un despliegue territorial, tiene un despliegue central a nivel de la Intendencia. Buena parte de los nombres que pude ver tienen vínculos con el Partido Nacional y también con Vamos Uruguay”, informó De los Santos. “En la primera etapa, Antía puso a los mandos superiores y medios, en la segunda metió a los capitanes, a los cabos y a los sargentos, y después metió a la tropa”, graficó De los Santos. Según los datos que maneja el diputado, en la Rendición de Cuentas de 2016 puede verse que el gasto en remuneraciones (o rubro O) de la IM aumentó 96 millones de pesos en relación a 2015 (Antía asumió en julio de ese año). Los frenteamplistas fernandinos no accedieron a pormenores del vínculo contractual entre la Intendencia y la fundación. “No tenemos el detalle porque niegan la información”, se quejó el ex intendente frenteamplista. Los ediles del FA han hecho varios pedidos de informes sobre los vínculos con la fundación A Ganar (y también por otros contratos), que no han sido contestados por la administración de Antía. “La falta de transparencia es descomunal”, opinó De los Santos. El edil del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Garlo, explicó a la diaria que “no está para nada claro” cuáles son las características de la contratación”. “El TCR observó los contratos enmarcados en el acuerdo original, el convenio marco. [...] No hay transparencia sobre la necesidad de la Intendencia de contratar con esta gente, pudiendo hacerlo por vías mucho más transparentes”, señaló.