El presidente brasileño, Michel Temer, envió a casi 10.000 militares a Río de Janeiro con el objetivo de aumentar la seguridad en ese estado. Desde ayer, además, hay puestos de control militar en las vías de entrada a la ciudad, así como en avenidas clave. El decreto presidencial llevó las firmas de los ministros de Justicia, Torquato Jardim, y Defensa, Raul Jungmann, y del secretario ejecutivo del Gabinete de Seguridad Institucional, Marco Antônio Freire Gomes. Estas serán, a su vez, las autoridades que definirán, en coordinación con el gobierno carioca, la actuación de los militares.
En principio, el decreto establece que los militares permanecerán en Río hasta fines de este año, pero según Jungmann su presencia podría extenderse hasta 2018. “Esta operación busca combatir al crimen organizado”, dijo el ministro, y detalló que su fuerte será “la inteligencia”, aunque también agregó que “cuando se coloca a las tropas en las calles, eso inhibe al crimen y da una sensación de seguridad”.
Las primeras críticas a esta medida cuestionaron el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en un estado en el que su comportamiento es un problema: el número de homicidios en Río aumento 26% entre el primer trimestre de 2016 y el de 2017, pero el de las muertes en el marco de operaciones policiales lo hizo 85%, según datos del Instituto de Seguridad Pública.
La situación de seguridad en el estado no ha dejado de deteriorarse en los últimos años. En parte, esto se debe a un presupuesto inferior al necesario, que llevó a la interrupción de la política de seguridad que incluía unidades de Policía Pacificadora en las favelas, que además de tener un enfoque menos represivo hacia los habitantes de estas, forzaba la desarticulación de las organizaciones criminales allí instaladas.
La violencia ha llegado a niveles tales que, según la Secretaría de Educación carioca, una cuarta parte de las escuelas de la ciudad de Río de Janeiro tuvieron que suspender las clases al menos durante un día en lo que va del año.
Sin embargo, con su discurso Jungmann dejó claro que al gobierno lo que le interesa es combatir las muertes de policías, como la que ocurrió a mediados de julio. También advirtió que esperan que exista alguna respuesta de las organizaciones criminales, y reconoció que estas operaciones militares pueden repercutir en una mayor cantidad de muertes accidentales durante las acciones de las fuerzas de seguridad.