El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió iniciar una investigación formal por financiamiento ilegal a la campaña del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, que compitió en el balotaje con el presidente Juan Manuel Santos. El CNE tomará como base la investigación llevada adelante por la Fiscalía General, que la semana pasada confirmó que tanto la campaña de Zuluaga como la de Santos recibieron donaciones de la constructora brasileña Odebrecht, pese a que en Colombia está prohibido que las campañas electorales reciban aportes de las empresas extranjeras.
El año pasado surgieron los primeros indicios de que Odebrecht había hecho aportes a las elecciones colombianas de 2014. La información, revelada en una confesión que la empresa brasileña hizo ante la Justicia estadounidense, refería a las dos campañas que llegaron a la segunda vuelta: la de Zuluaga y la de Santos. En febrero el CNE designó a dos jueces, uno para cada campaña, y pidió a la Fiscalía que investigara el asunto para saber si se cometió un delito electoral.
“Todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental [...] permiten concluir certeramente que Odebrecht asumió costos relacionados con las campañas presidenciales 2014-2018”, concluyó la Fiscalía en su informe, según publicó el diario colombiano El Tiempo la semana pasada. La Fiscalía agrega que Odebrecht hizo estos aportes desde su Departamento de Operaciones Estructuradas, una división que, según confesó, armó expresamente para hacer pagos ilegales, ya fuera sobornos o donaciones no legítimas. Según la investigación, el dinero llegó mediante empresas fantasmas vinculadas con Odebrecht con base en Panamá, que presuntamente brindaron servicios a los equipos de campaña. Se trataría de una encuesta en el caso de la de Santos y de servicios de publicidad en la de Zuluaga.
Las conclusiones de la Fiscalía fueron recibidas por el juez Carlos Camargo, encargado de determinar si se cometieron delitos electorales en la campaña de Zuluaga, y la jueza Ángela Hernández, que se ocupa de lo mismo en relación con la de Santos. Ambos manejan sus investigaciones con independencia entre sí, de forma tal que Camargo presentó en la sesión del lunes del CNE una solicitud, que fue aprobada, para abrir una investigación en contra de Zuluaga, mientras que Hernández todavía no se pronunció. En ambos casos cualquier investigación apuntaría a verificar si las campañas recibieron financiamiento ilegal desde el exterior y si superaron el tope legal de donaciones.
Si bien el CNE no se pronunció sobre la cuestión de fondo en el caso de Santos, sí lo hizo de facto con respecto a uno de los argumentos manejados por su defensa. El abogado del presidente, Alfonso Portela, argumentó la semana pasada que los delitos que se le imputarían a su cliente ya habrían caducado porque pasaron tres años desde las elecciones. Estas declaraciones generaron un debate entre especialistas que llevó al propio Santos a pedir públicamente que, si habían prescripto, se tomaran medidas para que de todos modos se investigue su campaña. De hecho, con su dictamen del lunes el CNE da por saldado el tema, eliminando la posibilidad de la proscripción.
Sobre Santos pesan las declaraciones de quien fue su jefe de campaña en 2010, Roberto Prieto, que la semana pasada reconoció en entrevista con Blu Radio que Odebrecht financió propaganda electoral. Tras estas declaraciones, Santos dijo que no autorizó ni se enteró de que la constructora brasileña haya hecho aportes a la campaña que lo llevó a la presidencia por primera vez. Pidió a los colombianos disculpas por “este hecho bochornoso” y, a la Justicia, que “sancione a los responsables de cualquier acto de corrupción”.