Los pedidos y las críticas llegaron después de que ayer un tribunal dispusiera la prisión preventiva para los seis activistas, acusados de estar involucrados en el movimiento del clérigo Fethullah Gülen, al que el gobierno califica de terrorista y señala como responsable del intento de golpe de Estado de julio de 2016.
Estos seis activistas, junto a otros cuatro, fueron arrestados el 5 de julio mientras asistían a un seminario. Según el presidente turco, fueron detenidos gracias a “información de inteligencia”, cuando “se habían reunido con la intención de continuar” con el plan del golpe de Estado. Medios turcos informaron que, por el contrario, fueron detenidos a raíz del llamado de un vecino del hotel Büyükada, donde se desarrollaba el seminario. El vecino consideró sospechosa la reunión, sobre todo porque tuvo lugar cerca de la fecha del aniversario del intento de golpe de Estado –que fue el 15 de julio–, en un hotel en el que, según el gobierno, hubo una reunión de agentes internacionales para supervisar la actividad insurgente.
La detención de los activistas generó reacciones adversas de organizaciones de derechos humanos y de otros gobiernos, que exigieron a Turquía que respetara su derecho al debido proceso. Uno de estos pronunciamientos fue el del comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, Nils Muiznieks, quien condenó “el uso de procedimientos penales contra defensores de los derechos humanos”.
En la audiencia judicial de ayer, cuatro activistas fueron liberados con medidas cautelares, mientras que los otros seis fueron enviados a prisión preventiva mientras esperan el juicio. La Fiscalía los acusó de “cometer crímenes en nombre de una organización terrorista”. Medios internacionales informaron que en la denuncia se acusa a los activistas de estar involucrados tanto con la organización de Gülen, como con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el grupo marxista DHKP-C. Los cargos presentados en contra de los acusados se basan, en su mayoría, en que conocían a alguien que fue detenido por sus vínculos con esas organizaciones sin que se hayan presentado pruebas contundentes tampoco acerca de esos vínculos.
Entre los acusados están Idil Eser, directora de Amnistía Internacional en Turquía –cuyo presidente, Taner Kiliç, está detenido desde hace un mes– y el activista y documentalista alemán Peter Steudtner. “Esto no es un juicio legítimo, sino una persecución política que traza un futuro aterrador para los derechos humanos en Turquía”, denunció el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
La presencia de Steudtner llevó a que la situación se siguiera más de cerca todavía en Alemania, donde el líder del Partido Socialdemócrata –aliado de Merkel en el gobierno pero rival electoral–, Martin Schulz, exigió a la canciller que tome medidas. “Lo que estamos viviendo en Turquía supera todos los límites”, dijo Schulz. El dirigente acusó a Erdogan de dar pasos para “eliminar la democracia y el Estado de derecho” y preguntó “hasta cuándo va a seguir callada la señora Merkel”. En la misma línea, el líder del partido Los Verdes, Cem Özdemir, de origen turco, dijo que “llegó el momento de acabar con la política de complacencia con Ankara”, y el dirigente de La Izquierda Bernd Riexinger tuiteó: “Los intentos de Merkel de mimar durante años a Erdogan han fracasado”.