“Hay muchas autocríticas por hacer. La primera es haber pecado de optimismo”, dijo Kuczynski el domingo, cuando en una entrevista con el diario peruano El Comercio le pidieron una evaluación de lo que va de su mandato, que cumple un año el viernes. El presidente peruano —y fundador del partido que lleva sus iniciales, Peruanos Por el Kambio— reconoció que antes de asumir pensó “que se podía recuperar la economía rápidamente”, pero “el inmenso aumento en los procedimientos burocráticos” tiró a tierra su esperanza. Dijo que “su mayor decepción” fue el bajo crecimiento económico del país.
A su entender, ese freno en la economía se explica por dos razones. En primer lugar, por el impacto que tuvo el fenómeno climático del Niño Costero, que entre diciembre y marzo arrasó en el norte y centro del país con tormentas eléctricas, inundaciones y avalanchas, y generó graves daños. “No pensamos que iba a ser tan fuerte”, dijo el mandatario. “Siempre hay que ponerse en el peor de los casos y lo peor pasó”, agregó, en referencia a un fenómeno que en Perú mató a 101 personas y costó más de 3.000 millones de dólares. Pero también consideró que incidió la trama de corrupción de Odebrecht, que en su país involucró a varios políticos y a tres ex presidentes: Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. Kuczynski admitió que su gobierno “nunca” pensó que este asunto iba a llegar a su país “con tanta fuerza”.
El presidente agregó que “todo el mundo sabía que Odebrecht y otros contratistas tenían un papel muy fuerte en las obras aquí, pero después vinieron problemas inesperados”, y concluyó que estos dos hechos llevaron a que el Producto Interno Bruto del país haya caído 1,5% en el último año. “Si tuviéramos ese punto y medio estaríamos creciendo a más de 4%, que sería el mejor crecimiento de América Latina”, lamentó el mandatario. De todos modos, se mostró optimista en la comparación de su país con los de la región que, en su opinión, “está súper depre”.
Sin embargo, la realidad es que, más allá del estancamiento económico, PPK —como suelen llamarlo sus conciudadanos— no pudo entenderse con la oposición y la mayoría de sus proyectos quedaron estancados en un Congreso dominado mayoritariamente por el partido fujimorista Fuerza Popular —que ocupa 71 escaños en un total de 130— e integrado por seis bancadas diferentes. El presidente no evadió esta cuestión y reconoció que esta pugna parlamentaria afectó su gestión. Pero, una vez más, se mostró optimista, y dijo que “el año entrante será muchísimo mejor”, una conclusión que extrajo especialmente después de haberse reunido con la líder opositora Keiko Fujimori la semana pasada. El mandatario dijo que el encuentro “dio sus frutos” y que se centró en cómo dar al país “mejor gobernabilidad”. Sobre esto último, adelantó que habló con Fujimori sobre cómo sacar adelante algunas iniciativas que fueron frenadas en el Congreso, como una reforma electoral y policial, y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera para luchar contra la corrupción. Además, tanto él como la líder opositora anunciaron que podrían trabajar juntos en planes para crear empleos y combatir la crisis que vive el campo después de las últimas inundaciones.
La gestión de PPK también se vio empañada por un escándalo que involucró a su ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien se vio obligado a renunciar a fines de junio luego de que se difundiera un audio en el que se lo escucha presionar al titular de la Contraloría, Edgar Alarcón, para que avale un contrato de construcción de un aeropuerto por 520 millones de dólares.
Todos en el horno
A los problemas de gobernabilidad que enfrenta el oficialismo se suma el hecho de que los partidos que componen esa oposición que complica los trámites en el Congreso está en crisis. En el tope de esa lista está la formación opositora más importante, Fuerza Popular, que se encuentra dividida por actitudes que ha tenido el congresista Kenji Fujimori, hermano de Keiko y el candidato más votado del Congreso en las elecciones del pasado año. Kenji, el hijo más chico del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, fue suspendido el miércoles de la bancada de su partido por “inconductas permanentes, reiteradas y planificadas”, según explicó el grupo parlamentario en un comunicado.
De acuerdo con el documento, Kenji fue suspendido durante 60 días por publicar en Twitter mensajes que generaron “un grave daño a la imagen” de la bancada, al vulnerar su “unidad, fraternidad, principios y valores”. La bancada fujimorista señaló que Kenji “tiene legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión y discrepar, pero dicho ejercicio no justifica el uso de calificativos vejatorios”, y exhortó al congresista a reflexionar “sobre la importancia del cumplimiento de los principios de compromiso, cohesión, coherencia y democracia”. Durante el tiempo de la sanción, Kenji no podrá votar en las reuniones internas del grupo parlamentario, pero sí podrá hacerlo en las sesiones del Congreso.
Desde el fracaso de su hermana como candidata a la presidencia en las últimas elecciones, Kenji ha manifestado posiciones y opiniones contrarias a las de la bancada. Por ejemplo, se quejó cuando los votos de los congresistas fujimoristas derogaron un decreto del gobierno que endurecía las penas para crímenes de odio y para la violencia doméstica, familiar y de género. También fue muy crítico cuando su bancada votó en contra de crear una comisión parlamentaria para investigar los abusos y violaciones sexuales a personas menores de edad cometidos en el movimiento apostólico Sodalicio de Vida Cristiana.
Cuando la bancada todavía no había decidido cómo sancionarlo, Kenji afirmó que no tenía “el propósito de dividir” a Fuerza Popular. Así lo publicó el diario El Comercio en un artículo con el título “¡Soy inocente!” (la misma frase que usó su padre en el juicio que lo condenó a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad). El congresista defendió que los argumentos usados por Fuerza Popular para abrirle el proceso disciplinario “parecen pretextos antes que verdaderas razones”, y aclaró que siempre se ha opuesto a “decisiones políticas del partido en materias que no fueron debatidas en reunión de bancada”. Había advertido, además, que, en caso de ser suspendido, iría al Tribunal Constitucional.
Haya tenido o no Kenji la intención de “dividir” al partido, Fuerza Popular se escindió en torno a sus conductas. Poco antes de que iniciara la sesión en que se decidió la suspensión, se difundió una carta en la que 23 congresistas le piden a Keiko Fujimori detener el proceso contra el legislador. “Te rogamos suspender esta dura medida hasta que la concordia en el ámbito familiar permita superar esta situación”, dice el documento. Respecto de las declaraciones críticas que Kenji realizó contra un sector de su bancada, el documento señala: “Uno puede discrepar con ellas, pero no ameritan que se derive de allí un proceso disciplinario que, se dirá, es una especie de justicia entre hermanos. Eso nos haría mucho daño”. La respuesta de Keiko nunca llegó.
El analista político peruano Luis Benavente consideró en declaraciones a El Comercio que si bien la sanción contra el menor de los Fujimori demuestra que existe una división en el partido —entre “Keiko y sus seguidores” y entre “Kenji, su padre y los seguidores de este”—, no es el indicio de una crisis grave. “Todavía no se dio un enfrentamiento abierto entre el parlamentario y su hermana”, razonó. El experto dijo además que “es evidente” que Kenji pretende consolidar un liderazgo alterno al de su hermana en Fuerza Popular, aunque precisó que no cree que busque fraccionar a su partido. Papá Fujimori no demoró en reaccionar a la sanción contra su hijo y en Twitter dijo que los únicos “infraternos y desleales” son sus compañeros de bancada.
La crisis en Fuerza Popular coincide en el tiempo con la división que atraviesa la bancada del Frente Amplio peruano, y que la semana pasada desembocó en la renuncia de diez congresistas del bloque Nuevo Perú, el que integra la presidenta del partido, Verónika Mendoza. El conflicto se dio entre este bloque y el otro grande en el Frente Amplio, Tierra y Libertad, liderado por el actual vocero del Frente Amplio, Marco Arana.
Todo empezó a principios de junio, cuando el Tribunal Disciplinario del Frente Amplio decidió expulsar de la coalición al congresista Richard Arce —cercano al movimiento de Mendoza— por abstenerse durante una votación de la Comisión de Ética en la que se decidía si investigar a Arana por acusaciones de apología del terrorismo. La decisión del tribunal fue que Arce cometió “una falta infraterna”.
Luego de la expulsión, el bloque Nuevo Perú envió una carta a Arana, en la que manifiesta que la decisión de expulsar a Arce fue “autoritaria”. Por su lado, el congresista Reymundo Lapa, del bando de Arana, echó más leña al fuego y les dijo que ellos estaban “en todo su derecho” de renunciar a la bancada si no estaban de acuerdo con las medidas tomadas.
Una de las desertoras, la congresista Marisa Glave, dijo a TV Perú que en la interna del Frente Amplio se había acordado no expulsar ni sancionar a un miembro de la bancada si no se contaba con las tres cuartas partes de los votos, es decir, por lo menos 15. Sin embargo, según Glave, la regla fue cambiada oportunamente, por lo que sólo bastó con los votos de Tierra y Libertad para decidir el futuro de Arce. “Ese tipo de cosas no pueden permitirse, uno no puede trabajar con chantaje, imposición y arbitrariedad”, cuestionó la congresista.
Tras las últimas elecciones generales, la bancada frenteamplista tenía en total 20 escaños en el Congreso y controlaba cuatro comisiones parlamentarias. Luego de la deserción de la mitad de sus legisladores, la presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, dijo que el Frente Amplio perderá la presidencia de dos comisiones, que ya pasaron a manos de Fuerza Popular. “Le corresponden dos comisiones por la nueva proporción de diez integrantes”, aclaró Salgado en declaraciones a Radio Programas del Perú. También afirmó que, a pesar del pedido de Nuevo Perú de ser reconocidos ante el Congreso, “la norma es muy clara: el congresista que se aparta pierde ese privilegio, y ellos ya renunciaron”. Aclaró, sin embargo, que aunque el nuevo grupo no tendrá comisiones a su cargo, sí podrá integrarlas.
No zafan
Los partidos minoritarios de la oposición también enfrentan sus propios problemas. En particular, el Partido Nacionalista Peruano, el Partido Aprista y Perú Posible, cuyos líderes históricos —y ex presidentes peruanos— son investigados en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht.
De hecho, Ollanta Humala, el antecesor de PPK, está en régimen de prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, desde el jueves 14. Los dos son acusados de haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de 2011.
En tanto, Alan García y Alejandro Toledo, del Partido Aprista y Perú Posible, respectivamente, todavía están siendo investigados. A García lo vinculan con la trama por haber firmado, durante su segundo mandato, un contrato con una empresa subsidiaria de Odebrecht para trasladar gas hasta la costa sur del país. A la vez, lo investigan porque en el mismo período se sospecha que la empresa brasileña entregó sobornos para adjudicarse un tramo de una línea del metro de Lima. En abril, volvieron a vincularlo, esta vez porque podría haber recibido un millón de dólares en el marco del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético conocido como “proyecto Olmos”.
La situación de Toledo es complicada: un juez peruano ordenó prisión preventiva para el ex mandatario después de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, declaró que le había entregado 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en la concesión de dos tramos de la ruta interoceánica Brasil-Perú. Sin embargo, Toledo se fue del país, se refugia en Estados Unidos y las autoridades peruanas todavía no encontraron la manera de extraditarlo.
El caso de Odebrecht llegó a Perú después de que la empresa admitió ante la Justicia de Estados Unidos que pagó 29 millones de dólares en este país para acceder a obras públicas entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Humala, Toledo y García.
En cifras | Una encuesta de Ipsos publicada el domingo muestra que, a días de cumplir su primer año en la presidencia, el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski cayó cinco puntos porcentuales: descendió de 39% en junio a 35% este mes. El mismo sondeo precisó, además, que la desaprobación al presidente peruano se elevó a 58% en julio frente a 51% registrado en junio. En tanto, según el mismo estudio, 80% de los peruanos considera que el gobierno debería hacer cambios en el gabinete ministerial.