Cientos de campesinos están acampando en Asunción para reclamar al Congreso que levante el veto del presidente Horacio Cartes a una ley que los beneficia. La norma, que había sido aprobada en ambas cámaras, preveía condonar la deuda de los campesinos de menos recursos. Según Cartes, su promulgación pondría en riesgo la situación financiera de Paraguay.
“Ley de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas”: ese es el nombre de la norma que fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que, tal como indica su denominación, busca favorecer a los pequeños productores mediante la condonación de las deudas que no superen los 10.000 dólares.
Cuando la ley se trató en las cámaras, ya se conocía que el gobierno se oponía a la iniciativa y consideraba que desestabilizaría las finanzas paraguayas. Su aprobación fue posible debido a una alianza entre los partidos opositores y los sectores disidentes del Partido Colorado.
Una vez aprobada, la ministra de Hacienda, Lea Giménez Duarte, acusó al Congreso de haber firmado un “cheque en blanco sin fecha de vencimiento” por haber aprobado la ley desconociendo el número de beneficiarios y el impacto que tendrá en la economía del país. “Es una enorme irresponsabilidad”, dijo.
La aprobación de esta iniciativa había sido celebrada por el presidente del Senado, el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo, que durante su gobierno intentó impulsar políticas favorables a los campesinos. Lugo consideró que aprobarla había sido “un acto legítimo, legal y también de justicia”, así como “un acto de reconocimiento a un sector muy postergado históricamente”. Lugo también criticó a Giménez por haber dicho que para conseguir los fondos necesarios para pagar a los campesinos el gobierno tendría que quitar presupuesto a otros programas sociales. “Si esto ocurriese, se va a evidenciar que los más postergados del país no son la prioridad de este gobierno”, dijo, antes de señalar que los cálculos hechos por el Frente Guasú, su partido, indican que es posible aplicar la ley.
Los argumentos de Giménez fueron los presentados por Cartes al anunciar, el viernes, que vetaría la ley porque, de lo contrario, “condenaría el futuro económico” del país. El presidente aseguró que la norma implicaría destinar unos 3.200 millones de dólares, una cuarta parte del presupuesto, a los campesinos. “Al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenaría el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar a Paraguay”, dijo el mandatario, y acusó a otros sectores políticos de actuar en este caso por interés electoral.
El gobierno no aclaró cómo se hicieron los cálculos para llegar a la cifra de 3.200 millones de dólares, que fue cuestionada por la Coordinadora Intersectorial Campesina, según la cual la norma implica destinar sólo 30 millones de dólares.
Mientras Cartes aseguraba que el país no tiene los recursos para ayudar a los campesinos, el presidente del Banco Central, Carlos Fernández, ratificaba una perspectiva de crecimiento de “alrededor de 4%” en el segundo trimestre del año y sostenía que, con cerca de 8.000 millones de dólares en reservas internacionales, Paraguay cuenta con “suficiente munición para atenuar cualquier tipo de volatilidad”, informó la agencia de noticias Efe.
Con perspectiva
Los campesinos mantuvieron su campamento en Asunción, en la quinta semana de protestas, y anunciaron que hoy seguirán movilizados para exigir a la Cámara de Senadores que convoque una sesión extraordinaria para dejar sin efecto el veto presidencial. Para esto es necesaria una mayoría de 23 senadores -de un total de 41- con la cual la oposición no cuenta, según las declaraciones de sus dirigentes. Si los votos se reúnen para el jueves, para cuando está prevista la sesión ordinaria, ese día se hará la votación, dijo el senador del Frente Guasú Hugo Richer.
Mientras tanto, el Ejecutivo busca tomar la delantera. El senador oficialista Juan Darío Monges dijo ayer que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está analizando “alternativas de solución” para la situación de los campesinos más endeudados, que consistirían en un refinanciamiento. A fines de julio, previendo el tratamiento de esta ley, el ministerio propuso un plan que no implicaba colaborar con el pago de las deudas, sino brindar más recursos a los campesinos -unos 20 millones de dólares- para que mejoraran su producción y pudieran afrontar el pago de lo adeudado.