Durante el fin de semana la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela adoptó varias medidas dirigidas a asentarse realmente como la máxima fuente de autoridad del país, una posición que le es atribuida desde el oficialismo, pero que es rechazada por la oposición, que no la reconoce como legítima. Entre otras cosas, la ANC se atribuyó las potestades del Poder Legislativo y va a trabajar en un programa de control de precios junto con el Ejecutivo. La primera de estas decisiones se adoptó el viernes, día en el que la ANC dispuso que iba a “asumir las competencias para legislar” en un decreto en el que también recordó que “todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la ANC”.
La Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano que está dominado por una mayoría opositora, rechazó “la usurpación de la soberanía popular” que representa el Parlamento como “único poder legislativo” electo por los venezolanos. El pronunciamiento de la Asamblea Nacional se produjo en la sesión del sábado de mañana, que fue acompañada por los embajadores de 18 países, entre ellos los latinoamericanos Argentina, Chile y México. Estos diplomáticos se reunieron con diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que enumeraron las medidas que ha adoptado el gobierno desde diciembre de 2015 para “anular la capacidad legislativa y de control del Parlamento”.
En paralelo, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, aseguró que “el Parlamento venezolano no está disuelto”, sino que “tiene que trabajar en apego a la Constitución”, y reivindicó las “facultades” de la ANC “para actuar en la reorganización del Estado”. Por su parte, el canciller, Jorge Arreaza, criticó a los países y organismos que rechazaron esta decisión de la ANC, entre ellos el Mercosur, y aseguró que el problema está en que la Asamblea Nacional no reconoce la autoridad de este nuevo órgano “como poder plenipotenciario”.
En otra decisión que generará críticas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que está trabajando en conjunto con la ANC para adoptar medidas que obliguen a los comercios a respetar los precios establecidos por el gobierno. Las acciones judiciales contra quienes no respeten los precios serán “muy severas” y van a “sacudir a la sociedad”, aseguró Maduro.
Gesto final
Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela que fue destituida por la ANC, escapó en un avión privado a Colombia junto con su marido, el diputado chavista disidente Germán Ferrer, contra quien se había emitido una orden de detención por un presunto caso de corrupción. Las autoridades colombianas confirmaron que Ortega llegó a Bogotá junto con su esposo, sin dar más detalles.
En una intervención telefónica en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, Ortega denunció que sufre una “persecución sistemática” por parte del gobierno venezolano porque cuenta con elementos para probar que Maduro recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Mientras seguía alineada con Maduro, Ortega negó que el presidente estuviera involucrado en casos de corrupción.
“Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados [a los integrantes del gobierno], porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos y personajes que se enriquecieron”, aseguró Ortega.