Dominique Truan es una ginecobstetra recibida en la Universidad de Chile que ha participado activamente en el debate sobre la ley de interrupción del embarazo recientemente aprobada en Chile para los casos de violación, malformación incompatible con la vida o riesgo de vida de la madre. Visitó Montevideo para participar en un seminario internacional organizado por Mujer y Salud en Uruguay y la International Women’s Health Coalition y conversó con la diaria acerca de los avances en Chile de los derechos sexuales y reproductivos.
–¿Cómo surgió tu inquietud por estos temas?
–Después de graduarme de la Universidad de Chile me quedé trabajando en el hospital público en el área de alto riesgo obstétrico, una situación que alude a embarazadas que cursan un embarazo patológico porque ellas tienen una enfermedad o porque hay alguna complicación. Eso me fue sensibilizando en el tema de cómo se viven los embarazos que no son deseados o que son complicados. Cuando el Poder Ejecutivo presentó este proyecto sobre interrupción del embarazo en tres causales, se empezó a generar una discusión y a mí me llamó mucho la atención que los rectores de universidades católicas de allá dijeran que iban a objetar como instituciones; me pareció muy violento. Con una amiga redactamos una carta explicando que la objeción de conciencia no se debe entender así y se nos ocurrió presentarla ante varios médicos para que tuviera un poco más de impacto. Mientras conversaba con mis colegas empecé a darme cuenta de que no había ninguna noción de derechos sexuales y reproductivos o de la autonomía de la mujer, y eso me generó una irritación que ha ido en aumento. Fue entonces que empecé a formarme en este asunto, a conocer gente muy comprometida con estos temas y a ponerme en contacto con activistas, muchos de ellos médicos de distintas disciplinas.
–¿Cómo es el acceso de las mujeres a la información y los insumos necesarios para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, tanto a nivel de educación como de servicios de salud?
–Chile está, como todo el mundo, viviendo un proceso de liberación femenina, o de exigencia de respeto a los derechos en general. Si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, me atrevería a decir que Chile está en una posición bastante buena en relación con la región, aunque todavía es muy deficiente. Por ejemplo, el Estado obliga a las sociedades médicas a impartir planes de educación sexual, pero no hay control sobre el enfoque que se da en esos cursos. En el primer nivel de atención primaria en la salud pública todos los anticonceptivos están cubiertos de forma gratuita, y eso es mucho decir. El resto de los derechos son luchas del día a día, pero ya hemos ganado muchas batallas: la de la anticoncepción, la de la píldora del día después [cuya venta en farmacias comenzó recién en 2015], y ahora estamos con la ley de interrupción del embarazo aprobada para estas tres causales. Creo que la mujer está despertando, exigiendo y conociendo más cuáles son sus derechos, en todas las áreas.
–¿Cómo es el acceso al sistema de salud?
–En Chile hay un sistema de salud público, que atiende a 80% de la población, y otro privado. El público brinda acceso a la anticoncepción y la esterilización voluntaria, entre otras cosas; en el privado hay más laxitud, hay instituciones que ni siquiera entregan los anticonceptivos y menos querían acceder a la ley de interrupción del embarazo.
–El proceso legislativo del proyecto de ley para descriminalizar el aborto en tres situaciones, que finalmente fue aprobado, fue bastante complicado.
–Sí. Se aprobaron las tres causales en las dos cámaras, pero quedó sin definición una pequeña cláusula acerca de las menores de 14 años, acerca de si pueden interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres. Eso se resolvió en la comisión mixta y después se terminó de aprobar el proyecto. Ahora queda el Tribunal Constitucional, porque cuando los grupos conservadores no están conformes con algo, lo llevan a este tribunal. Tenemos un poco de temor porque va a cambiar el presidente del tribunal; el que está ahora es más de izquierda y el que viene es más de derecha. Entonces puede ser que, si se demora el proceso, el Tribunal Constitucional baje el proyecto. Eso sería dictatorial, porque el proyecto fue impulsado por el gobierno, tiene mayoría en las dos cámaras y un respaldo de 70% en la opinión pública. Este debate ya está dado. El apoyo que tiene el proyecto de interrupción del embarazo es muy grande. Sería una vergüenza, sería inaceptable que el Tribunal Constitucional lo bajara.
–¿Qué plazos prevé el proyecto para interrumpir los embarazos según la causal?
–En los casos de peligro de vida de la madre y de malformación incompatible con la vida no hay límite de edad gestacional. Se puede interrumpir cuando se realice el diagnóstico; eso queda a criterio del médico. En el caso de la violación, el límite de edad gestacional es de 14 semanas en las menores de 14 años y de 12 semanas en las más grandes. En esta causal también hay una división por edades entre las mayores y las menores de 18 años: las menores no requieren el consentimiento de los padres, pero sí que un adulto las acompañe.
–¿Por qué la diferenciación?
–Porque las menores de 14 son niñas, entonces ahí se otorga más flexibilidad. La idea es hacer la diferencia entre niñas y adolescentes, porque una niña de 12 años no se da cuenta de que está embarazada, es muy difícil que lo note antes de las 14 semanas. Creo que no debería ser así; se trata de un límite arbitrario que se aleja de la realidad, porque las de 15 años también pueden no darse cuenta hasta que no pase el primer trimestre. Pero bueno, esta ley tiene muchas cosas que pueden cambiarse, pero es un gran paso social y cultural para Chile. Estamos agradecidas, aunque sea algo pequeño.
–¿Qué se prevé para los casos de objeción de conciencia?
–Esa fue una derrota que sufrimos, porque se iba a habilitar sólo para el médico que realiza el procedimiento, pero en la Cámara de Senadores se amplió para el equipo de profesionales que atiende a la paciente, con lo que se incluye al médico, el anestesista, la matrona, la enfermera y el obstetra. Lo que no se permite es la objeción de conciencia institucional, así quedó establecido en la ley, pero no sé cómo se va a implementar, porque hay hospitales católicos que han dicho que por ningún motivo harán el procedimiento, y reciben fondos del Estado. Será un conflicto en el futuro.
–¿Qué perspectivas tienen a futuro? ¿Van a buscar influir en la reglamentación de la ley?
–Nosotros ahora estamos haciendo cursos para sensibilizar a médicos y matronas, para enseñar cómo se hacen los procedimientos, porque hay muchos mitos. Hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a implementar. Vamos a tener que ir viendo en la práctica. La idea es ir viendo el camino, porque esto es tan nuevo que se nos viene todo un descubrimiento, también de las piedras que van a ir apareciendo en el camino.
–¿Cuál es la expectativa con respecto al número de abortos que se realizan por año? ¿Esperan que se mantenga?
–En Chile se hacen entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos por año, según las estimaciones. Por lo general, una vez que se legaliza el aborto en un país la cifra primero aumenta y después desciende. Pero nosotros tenemos sólo aborto terapéutico, así que no sé si se va a presentar esa curva. Lo que sí espero es que haya una disminución de la mortalidad materna, porque la primera causa de mortalidad materna en Chile es por patologías previas que las descompensan durante el embarazo, como una insuficiencia renal, por ejemplo. Si a esas mujeres en el primer trimestre les avisamos que están corriendo un riesgo, vamos a bajar la mortalidad materna.
–¿Es viable que en el futuro en Chile se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo sin causales?
–Sí, yo creo que vamos a ir avanzando. Una vez que esta ley esté vigente, nos vamos a dar cuenta de que es totalmente insuficiente y vamos a tener que ir reformándola. Como todo, paso a paso, pero creo que Chile sí está preparado, estamos liberándonos.