La Policía de Filipinas anunció ayer que mató a 32 personas entre el lunes y el martes, en la operación más sangrienta desde que el presidente Rodrigo Duterte inició una “guerra antidroga” hace poco más de un año. Las muertes se registraron en la provincia de Bulacán, al norte de Manila, donde los funcionarios policiales realizaron 67 redadas en un intervalo de 24 horas.
“En el pasado hemos llevado a cabo varias operaciones a gran escala, pero en esta logramos el mayor número de personas muertas”, confirmó en una conferencia de prensa el director de la Policía Nacional, Romeo Caramat. Aclaró a su vez que las muertes ocurrieron “en tiroteos” y no mediante ejecuciones, como activistas de derechos humanos denuncian desde el año pasado. “Hay algunos sectores que no nos creen, pero estamos abiertos a cualquier investigación”, agregó.
Por su parte, la Policía de Bulacán defendió en un comunicado que quienes murieron eran “delincuentes notorios de los que prefieren luchar hasta la muerte antes que ser atrapados vivos”, por lo que los funcionarios “no tuvieron más remedio” que matarlos. Se trató de un “éxito” en la “lucha implacable contra las drogas y armas ilegales”, agregó. Horas después, Duterte elogió esa acción policial y calificó la operación de “magnífica”. En su opinión, estas muertes sirven para reducir “lo que está dañando al país”, en referencia al narcotráfico.
Esta semana, además, fueron arrestadas 107 personas por delitos supuestamente relacionados con las drogas, informó, por su parte, la Policía provincial. Las autoridades de Bulacán detallaron que, entre los 32 muertos, 16 figuraban en las listas negras de narcotraficantes de la Policía y 14 eran nuevos sospechosos.
La “guerra contra las drogas” de Duterte ha sido repudiada por organizaciones civiles que acusan al presidente de violar sistemáticamente los derechos humanos al asesinar a sospechosos y plantar drogas y armas en las escenas del crimen.