El gobierno de Mauricio Macri fue acusado de dirigir una “campaña antiindígena” para defender los intereses de sus “amigos terratenientes” en la Patagonia. Estas acusaciones fueron presentadas por la oposición en el debate del miércoles en la Cámara de Senadores, donde se trató un proyecto de ley que prorroga hasta 2021 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de indígenas de tierras reclamadas como ancestrales mientras se avanza en la delimitación y el reconocimiento de estas.
La ley fue aprobada en 2006 y su vigencia ha sido prorrogada de a cuatro años desde 2010. La votación del miércoles implicó una derrota para la coalición oficialista Cambiemos, que quería respaldar otra iniciativa que también prorrogaba la validez de la norma pero solamente por dos años y medio. El proyecto avanzó ahora hacia la Cámara de Diputados, donde se da por descontado que será aprobado.
La votación se procesó mientras cientos de personas se movilizaban en las afueras del Congreso reclamando tanto la prórroga como que el estatal Instituto Nacional de Asuntos Indígenas agilice los trámites para delimitar y reconocer las tierras ancestrales.
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