Con el objetivo claro de impedir la realización del referéndum independentista catalán por todos los medios posibles, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordenó a los Mossos d’Esquadra que cierren los centros de votación antes de que la consulta comience. Mientras el gobierno catalán rechaza estas medidas, grupos que respaldan la celebración del referéndum buscan la mejor manera de resistirlas.
Además del precintado, que deberá ser “visible” para que los votantes sepan que no podrán ingresar al lugar, la Fiscalía pide que se identifiquen e incauten los “efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral”. Por último, ordenó que se impida la instalación de urnas en la vía pública a menos de 100 metros del centro de votación previamente designado.
El objetivo de estas medidas, indica Romero de Tejada en la orden judicial, es garantizar la “no constitución” de las mesas electorales, así como “prevenir la conformación de las votaciones”. En la misma línea aparece otra acción de la Policía en los centros de votación ordenada por el fiscal: la identificación de los responsables de las mesas. Ayer se informó a las comisarías que los Mossos d’Esquadra deben presentarse en los centros de votación designados para identificar a sus responsables y tomar una serie de datos a partir de un formulario elaborado por la Fiscalía: nombre de la persona a cargo del centro y de la votación, instrucciones recibidas por el Departamento de Educación –responsable de las gestiones vinculadas con el referéndum–, material entregado para la consulta, etcétera. Por último, la Fiscalía ordenó que se informe a los responsables de los locales que es ilegal que cedan las llaves o permitan la apertura del centro para el referéndum del domingo.
Estas acciones se disponen después de que la semana pasada el gobierno catalán difundiera cuáles serán los centros de votación en la jornada del domingo y después de que ayer empezara a comunicarse con las 55.000 personas designadas para integrar las 6.200 mesas electorales.
Los Mossos d’Esquadra (la Policía catalana, que desde el domingo es controlada por el gobierno español) están obedeciendo las órdenes de la Fiscalía. Sin embargo, según medios catalanes y españoles, sus jerarcas consideran que estas directrices pueden generar conflictos en el orden público, especialmente las dirigidas contra los centros de votación. El diario catalán La Vanguardia informó en su página web que algunos jerarcas consideran que son polémicas y pueden generar enfrentamientos, lo que abriría paso a una mayor presencia policial u otro tipo de intervención de España en Cataluña. En la misma línea, el ministro del Interior catalán, Joaquim Forn, dijo que esta orden busca “que se produzcan actos violentos” y pidió que la actuación policial esté dirigida “no a crear más conflicto, sino a solucionar problemas”.
Estas medidas se suman a otras adoptadas en estos últimos días, como la disolución, la semana pasada, de la Sindicatura Electoral –que estaba encargada de dar las garantías al referéndum, con tareas como la de validar el censo y supervisar el escrutinio– y el cierre de más de 100 páginas web creadas por la Generalitat para informar sobre la votación.
También se suma que ayer el gobierno de Mariano Rajoy envió más policías a Cataluña. Las justificaciones llegaron por parte del portavoz del gobernante Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien dijo que el envío es necesario para “coordinar y aportar refuerzos para garantizar la seguridad ante una amenaza que ya se ha mostrado con la violencia que se vive en las calles de Barcelona”. Esa “violencia” se está ejerciendo “contra guardias civiles, parlamentarios o alcaldes” que no son independentistas y no quieren colaborar con la realización del referéndum, agregó.
El envío de policías fue respaldado por algunos de sus jerarcas que organizaron despedidas para los funcionarios que viajarían a Barcelona y para decenas nacionalistas que se lanzaron a las calles con banderas de España, animándolos a ir “a por ellos” y reivindicando su condición de españoles. Esto sucedió en varias ciudades, pero un caso particular fue el de Córdoba, donde los jerarcas policiales incluso convocaron a la prensa a la despedida y el ómnibus que trasladaba a los agentes fue escoltado por autos policiales que lucían banderas de España.
Desde el gobierno catalán se insiste en que el domingo se hará el referéndum, aunque no está del todo claro cómo será el proceso. Las autoridades catalanas no parecen sorprenderse por las medidas adoptadas por Madrid, aunque sí las rechazan y reconocen que causarán que la votación no cuente con todas las garantías previstas. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, aseguró que los planes alternativos están encaminados e insinuó que no se darán a conocer hasta último momento para evitar que el gobierno español los boicotee nuevamente. “La gente se dará cuenta de que lo hacemos así por razones de fuerza mayor”, dijo, antes de afirmar que “el govern está concentrado en que el 1º de octubre se vote con normalidad”.
La resistencia no es sólo verbal: el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, dijo ayer que la responsabilidad sobre algunos de los centros de votación, como las escuelas, es de las alcaldías y que la Fiscalía no puede ordenar que sean precintados sin su permiso. Refiriéndose al fiscal general, se preguntó: “¿Quién es ese señor para decidir qué se hace en las escuelas de mi pueblo fuera de horario escolar?”.
Los intentos de encauzar el referéndum pese a las medidas del gobierno español para frenarlo no son sólo de la Generalitat: agrupaciones independentistas conocidas como comités de defensa del referéndum empezaron a gestionar ayer algún tipo de defensa para los centros de votación, informó el medio digital eldiario.es. Por ejemplo, la asociación Universitarios por la República, que agrupa a estudiantes y trabajadores de la universidad, evalúa convocar a una huelga con ocupaciones para jueves y viernes.
También rechazaron las medidas impulsadas desde Madrid dos de las caras más visibles de la apuesta independentista: el ex presidente del gobierno catalán Artur Mas y su sucesor, Carles Puigdemont. Este último lamentó la semana pasada que “toda la maquinaria del Estado español está orientada a impedir que los catalanes voten”, y ayer afirmó: “Lo que ha pasado estos días no lo olvidaremos jamás”. Puigdemont agregó: “Ni los silencios cómplices ni la colaboración necesaria para que el gobierno del PP haya perpetrado esta agresión tan severa. No olvidaremos nunca la prohibición de ideas, de opiniones, de actos políticos”.
Por su parte, Mas aseguró que en Cataluña se está viendo “una represión pura y dura” y que el gobierno español busca convertir esta región en “un Estado policial”. Además de criticar esta actitud, en una entrevista con otros ex jerarcas en la radio catalana RAC 1, Mas consideró que este proceder es perjudicial para Madrid, ya que “mucha gente que votaría No está profundamente decepcionada del gobierno”.