Los diputados de Guatemala decidieron no iniciar un antejuicio contra el presidente Morales, acusado de ocultar información sobre los fondos que recibió su partido, Frente de Convergencia Nacional, para financiar la campaña de 2015, cuando fue secretario general de esa formación.
La sesión parlamentaria del lunes tuvo dos votaciones. En la primera, los diputados tenían que pronunciarse a favor o en contra de la recomendación de una comisión legislativa que, el día anterior, había concluido que se debía retirar la inmunidad del presidente Morales para que la Justicia determinara si efectivamente ocultó información financiera de su partido. Sólo 25 diputados votaron a favor, 104 se manifestaron en contra.
Ese resultado ya servía para que el Parlamento descartara el procedimiento contra Morales. Sin embargo, a raíz de la exigencia de varios diputados, se procedió a una segunda votación tras la cual se declaró “sin lugar el antejuicio”.
El resultado no sorprendió a nadie. El mandatario contaba con los votos de los 37 diputados de su partido más el apoyo del Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Todos y una decena de independientes. Especialmente, le jugó a favor la estrategia del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que permitió a sus 32 diputados votar “según sus convicciones”. El jefe de la bancada de ese partido en el Parlamento, Orlando Blando, enfrenta un proceso de antejuicio por el mismo delito que se le imputó a Morales.
Quienes votaron en contra de retirar el fuero al presidente argumentaron que, si bien la comisión legislativa recomendó quitarle la inmunidad en base a “indicios”, sugirió al Parlamento evaluar si la denuncia se había presentado por motivos políticos. El diputado Fernando Linares, del conservador Partido de Alianza Nacional, explicó que las sospechas sobre motivaciones políticas se basan en que la denuncia fue presentada el mismo día que Morales se encontraba de visita en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para hablar sobre el trabajo y el futuro de la CICIG, organismo dedicado a desmontar casos de corrupción. Dos días después, el presidente declaró non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión de Guatemala por su “injerencia en asuntos internos”, una medida que luego fue frenada por la Corte de Constitucionalidad.
Según la comisión legislativa que investigó el caso, en el expediente no se encontraron evidencias de que Morales haya recibido directa y personalmente fondos ilícitos para financiar su campaña electoral en 2015. Sin embargo, los diputados mencionaron que el Frente de Convergencia Nacional pudo haber recibido contribuciones que no registró en sus libros contables y tampoco reportó al Tribunal Supremo Electoral.
Luego de la sesión, el diputado Walter Félix, del partido de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y que votó a favor de quitar la inmunidad al presidente, dijo que al rechazar el desafuero “se le dio una puñalada al pueblo”. Por su parte, el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, opinó que “se bloqueó la verdad”.
Poco después de que se diera a conocer la decisión, el presidente aseguró que respeta el “estado de derecho”, el “ordenamiento jurídico” y “la independencia de poderes”. A la vez, consideró que con la decisión del Parlamento “se demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos del Estado actúan”. Finalmente, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que, “ante un momento histórico que conlleva desafíos cruciales”, el pueblo mantenga “la paz y la unidad” y “fortalezca la institucionalidad”.
En tanto, organizaciones campesinas convocaron ayer una marcha en la capital guatemalteca para mostrar su rechazo a la decisión del Parlamento, al grito de “el pueblo unido jamás será vencido” y “contra la impunidad y la corrupción, que todos y todas se levanten”.