La Procuraduría General de Brasil (PGR) presentó una denuncia contra los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, además de seis ex ministros del Partido de los Trabajadores (PT) como sospechosos de haber conformado una organización con el objetivo de cometer delitos como corrupción y lavado de dinero, en particular contra los fondos públicos.
La PGR los acusa de haber cometido, entre 2002 y 2016, todo tipo de delitos dirigidos a enriquecerse a sí mismos y a empresas afines por medio del uso de recursos de distintas compañías estatales, como Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo y el organismo responsable de la construcción de infraestructura.
Basándose en las declaraciones de empresarios y políticos corruptos que acordaron revelar lo que saben a la Justicia, así como en algunos hechos y pruebas documentales y en supuestos encadenamientos de acontecimientos, la PGR asegura que los delitos empezaron a cometerse en la campaña electoral de 2002, con donaciones irregulares de las empresas constructoras Odebrecht y OAS. Afirma que una vez en el gobierno, Lula integró a esta organización a políticos del Partido Progresista (PP) y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –el del presidente Michel Temer–, lo cual le permitió “contar con un amplio apoyo parlamentario en el Congreso Nacional, cuya actuación estuvo alineada con las prioridades y con los proyectos definidos por el entonces presidente”.
La denuncia agrega que “Rousseff integró esta organización criminal desde 2003”, cuando, como ministra de Minas y Energía, operó para que se cumpliera con los compromisos que la organización había asumido con privados. Las prácticas corruptas continuaron durante su presidencia debido a la fuerte influencia que Lula ejercía sobre ella y terminaron recién en marzo de 2016, cuando ella fue apartada del cargo, continúa.
Esta denuncia se presentó en el marco de una de las investigaciones abiertas en el Supremo Tribunal Federal sobre delitos cometidos por organizaciones políticas. En total son cuatro: la del PT, la del PP y la de diputados del PMDB y de senadores del PMDB. La semana pasada el procurador general, Rodrigo Janot, cuyo mandato termina el 17 de setiembre, presentó la denuncia contra el PP, pero las investigaciones contra el PMDB no han tenido ningún avance.
El equipo de comunicación de Lula respondió rápidamente y dijo que la denuncia no tiene “ningún fundamento” y que es “una acción política” en el marco de una “campaña de persecución” en su contra.