Las reglas de juego electorales cambiaron por completo en Honduras, al menos para los presidentes. La decisión de la Justicia de habilitar la reelección, pese a que la Constitución la prohíbe, contrasta con lo que el país vivió en 2009. Ese año, la sola propuesta de hacer una consulta popular sobre la reelección, impulsada por el entonces gobernante Manuel Zelaya, fue utilizada como justificación para que militares lo detuvieran en su casa durante la noche y lo expulsaran del país. Una vez apartado de la presidencia por la fuerza, el Parlamento designó en su lugar a otro dirigente, Roberto Micheletti.
Zelaya fue acusado de varios delitos, pero en particular se argumentó que no respetó el artículo 239 de la Constitución, que establece que quien haya sido titular del Poder Ejecutivo “no podrá ser presidente o vicepresidente de la República” y que “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma” será cesado en su cargo y quedará inhabilitado por diez años para la función pública. Otro artículo constitucional, el 42, dispone que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras causales, por “incitar, promover o apoyar” la reelección del presidente.
Pero nada de esto impide hoy la candidatura del actual gobernante, Juan Orlando Hernández. La Corte Suprema consideró, en un fallo de mayo de 2015, que el artículo 239, al impedirles a ciertos ciudadanos postularse a la presidencia, viola derechos reconocidos en el propio texto constitucional y en tratados internacionales. Si bien el artículo no fue derogado, el tribunal declaró su inaplicabilidad. Algo similar hizo la Justicia nicaragüense cuando permitió la más reciente reelección de Daniel Ortega. Con el fallo judicial a la vista, las autoridades electorales hondureñas también habilitaron, en diciembre, que el presidente compita por otro mandato.
Varios dirigentes que se oponen a la candidatura de Hernández señalan que, a diferencia de la administración de Zelaya, el actual gobierno está mucho más alineado con las estructuras de poder en el país. Si bien Zelaya pertenecía a uno de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal (el otro es el Nacional, al que pertenece Hernández), se había despegado de las posiciones más conservadoras dentro de sus filas. Sus rivales políticos lo acusaban de querer implantar en el país un modelo socialista inspirado en la Venezuela de Hugo Chávez y afirmaban que en ese proyecto se enmarcaba su voluntad de ser reelecto.
Todos listos
La campaña para las elecciones del 26 de noviembre comenzó a fines de agosto y lo hizo con la candidatura de Hernández ya marcada. La postulación del presidente unió a quienes se oponen a que vuelva a gobernar, y así se conformó la Alianza de Oposición, que está integrada por la formación Libertad y Refundación (Libre), fundada por Zelaya, el Partido Anticorrupción (PAC), que también surgió cuando derrocaron al ex presidente, y el partido Innovación y Unidad Social Demócrata, que es minoritario. Libre y PAC sumaron 40 diputados de 128 en las elecciones de 2013, las primeras en las que se postularon. Aquel año desplazaron del segundo lugar en votos al Partido Liberal, que por décadas se había alternado el poder con el Nacional. Ahora los liberales postulan a otro Zelaya, Luis, político y ex rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Por su parte, la Alianza de Oposición lleva como candidato a uno de los fundadores del PAC, el político y presentador de televisión Salvador Nasralla. Este acuerdo, informó la agencia de noticias Efe, creó conflictos dentro del PAC y también en Libre, que aspiraba a postular a la presidencia a Xiomara Castro, la esposa del ex presidente Zelaya.
También participarán en las elecciones otros siete partidos, pero ninguno de estos parece tener posibilidades de llegar al gobierno.
A favor pero en contra
Según informó el diario El Heraldo, cuando fue habilitada su candidatura, Hernández opinó que esa decisión “respeta los derechos elementales” y concluyó: “Si un presidente ha sido malo [...] el pueblo va a tener el argumento para votar en contra [...] Si cree que es bueno, a favor”.
Sin embargo, después de estos dichos y de todo lo hecho por el oficialismo a favor de la reelección, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento una ley para restringirla. El proyecto, informó el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, consiste en “una reforma a la Constitución que limite la reelección presidencial a un solo período”. El diputado oficialista Tomás Zambrano dijo que este proyecto es una oportunidad de que el Parlamento “mande un mensaje para poner reglas claras”, porque actualmente la reelección es “indefinida, no existen parámetros ni límites”.
La oposición ya anunció que no está dispuesta a acompañar una iniciativa de ese tipo y, por lo tanto, parece difícil que se apruebe. El ex gobernante Zelaya dijo que Hernández quería enviar el proyecto a los legisladores, pese a que no sería apoyado, con el fin de “decir después que la reelección quedó indefinida porque los diputados no quisieron apoyarlo”, informó Efe. El dirigente insistió en que hoy “la reelección es ilegal”.
En cambio, el secretario ejecutivo del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo tiempo atrás a la BBC que el escenario cambió desde 2009 porque entonces no había, como ahora, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que avala a los gobernantes a renovar su mandato.
Zelaya hace otra lectura. El ex presidente dijo al mismo medio que si hoy Hernández puede postularse a las elecciones –sin ser derrocado, como lo fue él– es porque “lo apoyan todas las instituciones del Estado”, que están “cooptadas por el presidente de la República [...] Él maneja los tres poderes, el de justicia, el Congreso y el Ejecutivo”. Zelaya concluyó: “No puede haber un golpe de Estado porque los que los dan están ahorita en la presidencia de la República”.