Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron el lunes empezar a trabajar en nuevas medidas fiscales para “gravar de forma justa” la actividad de las empresas digitales más grandes (Google, Amazon, Facebook y Apple, entre otras), y encargaron a la Comisión Europea la elaboración de una propuesta. Toomas Tõniste, ministro de Finanzas de Estonia, que preside la UE este semestre, dijo en una rueda de prensa al término de la reunión, celebrada en su país, que se piensan soluciones tanto “a largo como a corto plazo”.
Francia, España, Alemania e Italia llegaron al debate con los otros 24 países miembros de la UE con una propuesta conjunta para crear un impuesto sobre la facturación de estas empresas. El objetivo es lograr una recaudación que compense lo que estas firmas globales no están abonando de impuesto de sociedades. A la propuesta se sumaron el lunes otros seis países –Austria, Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumania y Eslovenia–, pero según el ministro español de Economía, Luis de Guindos, “más de 20 países apoyan” la idea, lo que generará “presión política” para que salga adelante.
Los países de la UE coinciden en que la solución debería adoptarse de manera global, o en acuerdo con grupos de países como la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) o el G20, pero mientras tanto es necesario tener una propuesta en el bloque europeo. También existe consenso en que la solución de largo plazo debería venir vía el impuesto de sociedades –que grava la renta o beneficio de las empresas como personas jurídicas–, pero mientras tanto se debe apuntar a que tributen de alguna manera, porque las empresas del ámbito digital “no pagan impuestos casi en ninguna jurisdicción”, como dijo De Guindos.
De acuerdo con la agencia de noticias Efe, después del consenso alcanzado, el trabajo de la comisión contendrá una evaluación del problema, los retos, los modelos de negocio y las alternativas legislativas disponibles.
Las GAFA –acrónimo usado para referirse a Google, Amazon, Facebook y Apple, las cuatro gigantes que lideran el negocio tecnológico en el mundo– pagan muchos menos impuestos que la media del resto de empresas o que los trabajadores por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Estrictamente, no son empresas evasoras porque lo que practican, más que evasión, es “elusión” fiscal. Mientras que la evasión fiscal lleva aparejadas consecuencias jurídicas porque implica transgredir la legislación tributaria, la elusión fiscal supone el uso de los resquicios de la ley, actuando dentro de los márgenes permitidos por la normativa, para pagar menos impuestos que los que correspondería de acuerdo a los beneficios percibidos. Según estimaciones de expertos, esas empresas estarían pagando diez puntos menos de impuesto de sociedades que la media del resto de las compañías, y entre 15 y 20 puntos menos que la media de lo que paga un trabajador por IRPF.
Como la elusión fiscal no es ilegal, resulta complicado para las autoridades perseguirla. En algunos casos, las oficinas o agencias impositivas piden autorización a la Justicia para allanar las oficinas de estos grupos, no tanto para destapar un fraude sino para acceder a información que permita encontrar nuevas formas de regularizar la situación de estas compañías y, por vía administrativa, hacer que paguen más impuestos.
Irlanda y Luxemburgo son dos de las claves en la política fiscal de estas grandes empresas tecnológicas. Estos países les ofrecen bajísimas tasas impositivas (además de pactos secretos). En Irlanda tienen su sede fiscal Apple, Google y Facebook, y Amazon la tiene en Luxemburgo. En los demás países sólo tienen representaciones comerciales.
Estas empresas suelen transferir los beneficios desde la casa matriz –situada en un país europeo con alta presión fiscal (como España, Italia, Francia o Alemania)– hacia filiales del grupo situadas en países no comunitarios o de baja fiscalidad (Irlanda o Luxemburgo). Otra técnica utilizada para eludir el pago de impuestos es la de montar endeudamientos artificiales. Una multinacional basada en la UE pide un préstamo a la empresa matriz por el que paga altos intereses, y, como los pagos de intereses en general son fiscalmente deducibles en la UE, termina eludiendo impuestos.
Una tercera técnica utilizada implica que la empresa basada en la UE invierta en una sociedad situada en un país extracomunitario o con baja presión fiscal. Esta sociedad paga dividendos a la empresa europea, y esos dividendos tributan poco en un país de baja fiscalidad y, por el principio de “doble no tributación”, no pagan impuestos en la UE.
Es frecuente también que activos como la propiedad intelectual o las patentes no se graven cuando se transfieren de un Estado miembro a un país extracomunitario. Algunas de estas empresas situadas en la UE se aprovechan de esta circunstancia cuando desarrollan un nuevo producto y lo transfieren a un país sin impuestos, cuando casi está listo.
En mayo, la Comisión Europea multó con 110 millones de euros a Facebook por considerar que proporcionó información incorrecta o engañosa durante la investigación que tuvo lugar en 2014 cuando se anunció su decisión de adquirir WhatsApp. Durante ese año, Facebook pagó 4.237 libras de impuesto de sociedades en Reino Unido, es decir, menos de lo que cotiza un trabajador en dicho país, a la vez que repartía suculentos pagos extras a sus trabajadores locales. El malestar que generó la difusión de esa noticia llevó a que a mediados del año pasado Facebook aceptara pagar impuestos sobre beneficios obtenidos en Reino Unido. A partir de abril de 2016, los beneficios generados por los anunciantes de Reino Unido tributarán en el mismo país y no por medio de un país vecino, Irlanda. Es la primera vez que Facebook se enfrentó a algo así en Europa.
Para los ministros de Finanzas de Francia, Alemania, Italia y España, que firmaron juntos una carta, ya no es aceptable “que estas empresas hagan negocios en Europa mientras pagan unas cantidades mínimas de impuestos” y advierten que está en juego la eficiencia económica pero también “la equidad fiscal y la soberanía”.