El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Luís Roberto Barroso habilitó la apertura de una investigación contra el presidente Michel Temer para verificar si benefició a una empresa a cambio de un soborno. El pedido de apertura de la investigación, presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), es contra Temer, Rodrigo Rocha Loures –uno de sus aliados más cercanos, a quien le fue retirado el cargo de diputado por otro caso de corrupción– y los empresarios Ricardo Conrado Mesquita y Antônio Celso Grecco, ambos del Grupo Rodrimar, una empresa dedicada al comercio exterior y la logística. En el pedido se indica que se sospecha que Temer cometió los delitos de corrupción activa, pasiva y lavado de dinero.
Según la PGR, Temer fue sobornado para favorecer el sector portuario del Grupo Rodrimar por medio del Decreto de los Puertos, con el que se alteró la regulación que rige la actividad portuaria. La empresa habría negociado los cambios con el Poder Ejecutivo por intermedio de Rocha Loures, quien también sería el intermediario utilizado por Temer en el caso de presuntos sobornos pagados por el frigorífico JBS. La PGR basa sus sospechas en conversaciones mantenidas por teléfono por Rocha Loures, que fueron grabadas legalmente.
El presidente se pronunció anoche, pero no lo hizo sólo acerca de esta nueva investigación, sino también sobre el informe presentado por la Policía Federal, encargada de ejecutar las investigaciones judiciales en Brasil, que dice que Temer estaba en el centro de una organización dedicada a desviar fondos públicos para beneficio propio. En ese informe, referente a la presunta organización delictiva formada por integrantes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se indica que tanto Temer como el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha recurrían a distintos “brazos ejecutores”, pero eran los autores intelectuales de los distintos esquemas por los que se produjeron desvíos de dinero. Entre esos brazos ejecutores están, por ejemplo, el ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, y el secretario general de la Presidencia, Moreira Franco. Cunha y Temer desempeñaban tareas equivalentes pero no iguales: el primero se encargaba de “la parte oscura de las tratativas espurias, negociaciones, amenazas y chantaje político”, mientras que el segundo “tenía la función de conferir oficialidad” a la concreción de las gestiones realizadas por Cunha.
El presidente se defendió de estas acusaciones mediante un comunicado en el que asegura que “el Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia”, pero lamenta que “en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario”.