“Frente a la excepcionalidad, nosotros, Unidos Podemos, apostamos por la democracia”, dijo Iglesias ayer en el Parlamento, en referencia a la batería de medidas que el gobernante Partido Popular (PP) ha tomado en las últimas semanas para impedir la celebración del referéndum independentista en Cataluña. Por eso, el líder de izquierda convocó a todos los partidos opositores a una “asamblea extraordinaria” con el objetivo de reivindicar “el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión”.
La idea es que esta asamblea redacte un manifiesto para exhortar al gobierno de Rajoy a que analice junto al gobierno catalán la posibilidad de celebrar un referéndum pactado, explicó el secretario general de Podemos. Agregó que la convocatoria está dirigida a los parlamentarios españoles y catalanes –también a quienes integran el Parlamento Europeo–, así como a alcaldes y concejales de aquellos municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes. Todavía no se sabe cuándo tendría lugar esta asamblea, pero Iglesias aseguró que, evidentemente, debería celebrarse antes del 1º de octubre, fecha en que está prevista la votación.
En la propuesta formal escrita, Unidos Podemos plantea que “la situación de conflicto entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat requiere diálogo político y soluciones políticas democráticas”. En ese sentido, advierte que “el desarrollo de los acontecimientos durante las últimas semanas, con la prohibición de actos y reuniones políticas, la entrada en imprentas y medios de comunicación, el secuestro de revistas o la prohibición de campañas políticas, amenaza la convivencia democrática y pone en cuestión las bases constitutivas de la democracia llevando a Cataluña y a España a una situación de excepcionalidad preocupante”.
Para Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida (que integra la coalición Unidos Podemos), la manera de proceder del gobierno de Rajoy frente a la consulta catalana es “claramente antidemocrática”. Garzón habló específicamente de “represión y autoritarismo, con actuaciones propias de la dictadura franquista”, y apostó por una “solución política, dialogada y negociada”. Agregó que “eso incluye un referéndum que permita a la sociedad catalana expresarse con garantías”.
Unidos Podemos conversó en las últimas horas con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; el líder del PSOE, Pedro Sánchez; y representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), para dar detalles sobre la propuesta. Los primeros en responder, sin mucho entusiasmo, fueron los socialistas.
El portavoz del PSOE, Óscar Puente, dijo que esperarán a pronunciarse sobre la mesa de diálogo cuando conozcan en profundidad el contenido de la iniciativa. Sin embargo, adelantó que su formación ve como “poco realista” la posibilidad de realizar un referéndum pactado, porque este conllevaría una reforma constitucional que, sin el respaldo del PP, sería imposible. Además, el vocero se preguntó sobre qué se pactaría un referéndum y dejó clara la postura del PSOE respecto de la independencia de Cataluña: “En este momento, el PSOE no acepta trocear la soberanía popular”.
Puente coincidió con Unidos Podemos en cuanto a la situación que se vive hoy en Cataluña al manifestar su respaldo a los alcaldes socialistas que deben presentarte ante la Justicia por declararse a favor de la consulta. Denunció que “el acoso está llegando a nivel personal y familiar”. Según el vocero, fueron acosados incluso los hijos de los alcaldes en las escuelas, algo que calificó de “inadmisible”. De todas formas, reiteró el apoyo del PSOE al gobierno de Rajoy en cuanto a las medidas que adoptó sobre Cataluña.
El viernes, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, anunció que intervendría las cuentas públicas de Cataluña para vigilar que ninguno de los gastos esté destinado al referéndum. Su cartera también controlará los pagos que hagan los altos cargos catalanes con las tarjetas de crédito oficiales, confirmaron ayer fuentes del gobierno al diario catalán La Vanguardia.
Estas medidas se suman a otras, como la imputación de los alcaldes que se manifestaron a favor de la consulta, la prohibición de actos que la promuevan, y la orden que autoriza a las fuerzas de seguridad a entrar en imprentas, periódicos o colegios para requisar papeletas y cualquier material que pueda ser usado para votar.