Un juez de Brasilia ordenó retener el pasaporte del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que lo obligó a cancelar un viaje a África que tenía previsto hacer ayer mismo. Esta decisión se adoptó en un proceso judicial por un presunto tráfico de influencias por parte de Lula que se lleva adelante en Brasilia, que es independiente de la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero confirmada y aumentada el miércoles por el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región (TRF-4).
Tras el fallo del TRF-4, se generó un debate jurídico en los medios de comunicación sobre si Lula debería ir preso ahora, antes de que su condena sea evaluada en un tribunal de tercera instancia. El debate se nutrió de que el juez instructor del caso de Lula en el TRF-4, Pedro Gebran, sugiriera que Lula podría ser detenido después de que ese tribunal ratificara la condena. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Marco Aurélio Mello dijo ayer que una detención de Lula “no corresponde al orden jurídico constitucional” y que “en el pico de una crisis” podría “incendiar el país”.
Esta polémica es posible, en parte, porque el STF tiene pendiente definir si las personas deben empezar a cumplir condena cuando esta es ratificada en tribunales de segunda o tercera instancia. Históricamente se esperaba el tercer fallo, pero en un dictamen preliminar emitido en 2016 el STF dispuso que la condena debe cumplirse después del segundo, algo que no ha sido trasladado todavía a la práctica en el sistema judicial.
Otra decisión que el STF tiene pendiente y que afectará el futuro de Lula refiere a la Ley de Ficha Limpia. La norma establece que una persona condenada por un tribunal colegiado por el delito de corrupción –entre otros– no puede participar en elecciones, pero el STF tiene pendiente decidir sobre un recurso para modificar la ley para que la inhabilitación se aplique después del fallo del tribunal de mayor instancia. Este recurso fue presentado después de que tribunales de primera y segunda instancia permitieran que políticos ya condenados por tribunales colegiados participaran en elecciones.
Por su parte, Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) ratificaron la candidatura de quien es favorito en las encuestas para las elecciones de octubre. La ex presidenta Dilma Rousseff aseguró que el proceso judicial en contra de su padrino político “es una farsa y un fraude” cuyo único objetivo es “quitar a Lula de la elección”.
El propio Lula se manifestó en el mismo sentido, y agregó: “Este ciudadano no tiene ninguna razón para respetar la decisión de ayer”. En la misma línea, dirigentes del PT y de los movimientos sociales que lo respaldan, que también estaban presentes, llamaron a la “desobediencia” de los fallos judiciales.
El coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, João Pedro Stédile, aseguró: “Un mensaje para la Policía Federal y el Poder Judicial: no piensen que mandan en el país. Nosotros, los movimientos populares, no aceptaremos de forma alguna e impediremos de toda forma posible que el compañero Lula sea arrestado”.