El Ejército argentino realizó ayer el primer homenaje oficial a soldados que murieron durante los ataques a cuarteles por parte de movimientos armados durante la década de 1970. Se homenajeó al coronel Camilo Arturo Gay, al teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y al conscripto Daniel González, que murieron durante un intento de copamiento de la Guarnición del Ejército en Azul por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
No será la única actividad de este tipo. El Ejército anunció en un comunicado que el de ayer fue el primero de “una serie de actos programados cuya única finalidad es recordar a los caídos durante la defensa de cuarteles”. Los próximos serán para recordar a soldados que murieron en ataques de ERP y Montoneros hechos contra instalaciones del Ejército en 1973 y 1974. El Ejército considera en el comunicado que estos años son parte de un “período constitucional”. No se menciona en el comunicado, pero el discurso de los sectores más conservadores de la política argentina y del Ejército dice que los movimientos armados de izquierda cometieron delitos con el objetivo de llegar al poder y que como consecuencia de la violencia que desplegaron se produjo un deterioro de la democracia que “habilitó” el golpe de Estado posterior. Por su parte, la izquierda y las organizaciones de derechos humanos consideran que los movimientos armados reaccionaron ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado, en particular por las Fuerzas Armadas, y que luchaban por la democracia.
Homenajes a soldados “caídos” en enfrentamientos con grupos radicales de izquierda se han hecho en ocasiones anteriores en Argentina, pero convocados por el Círculo Militar y con presencias de segundo nivel. Esta fue la primera vez que se celebró un acto institucional que, además, fue encabezado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Diego Luis Suñer.
El homenaje fue celebrado por agrupaciones que defienden la actuación del Ejército en los 70 e incluso algunas que reivindican la dictadura, como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina. Estas organizaciones festejaron por medio de Twitter que se homenajee a quienes “dieron su vida por la patria” y se reconozca a las “verdaderas víctimas del terrorismo” en Argentina.
Cambio de contexto
El diario argentino Clarín informó que este tipo de homenaje estuvo prohibido durante las administraciones kirchneristas, pero lo que los habilita no es sólo el cambio de gobierno, sino, fundamentalmente, el cambio de discurso de la Casa Rosada respecto de los años 70 y la dictadura. Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, las organizaciones sociales denuncian el regreso de la teoría de los dos demonios y un vuelco en la actuación del gobierno respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y de sus víctimas. La frase de Darío Lopérfido cuando era ministro de Cultura de Buenos Aires –“En Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Ese número se arregló en una mesa”– fue sólo el puntapié de una serie de cuestionamientos de jerarcas macristas no sólo a la cifra, sino también al relato sobre lo sucedido y al lugar que deben ocupar en la agenda pública los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
En una entrevista brindada el 5 de enero a La Nación, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Lavruj, aseguró que el gobierno kirchnerista redujo la agenda de derechos humanos “a los años 70”, con lo cual terminó con “la posibilidad de cerrar una grieta, al contrario, profundizándola”, y consideró que “es tan importante la agenda de memoria, verdad y justicia como lo es la de los pueblos originarios o del colectivo LGBTI”. Además, opinó que es importante “el reconocimiento de todos los actores” y de “aquellas cosas que estuvieron mal en las que participaron todos”, en una aparente referencia a la actuación de los movimientos armados.
El cambio de discurso no pasa exclusivamente por las declaraciones de Avruj, sino que adoptó un tono oficial e histórico cuando el gobierno de Macri presentó, en 2016, su “nueva edición” del informe “Nunca más”, redactado originalmente en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El gobierno se jactó de haber retirado el prólogo que incluyó el gobierno de Néstor Kirchner en la edición de 2006, dejando el original, que es producto de una primera lectura de los años 70 y de la dictadura. Allí se plantea que durante los 70 Argentina “fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda” y que “a los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”, con un golpe de Estado.
Para la elaboración del prólogo de 2006 se agregaron elementos derivados de nuevos estudios históricos sobre esa época, de las investigaciones judiciales e incluso de textos gubernamentales referentes a ese período –del kirchnerismo y previos, especialmente de la administración de Raúl Alfonsín– que desterraban la teoría de los dos demonios y apuntaban hacia la responsabilidad del Estado en lo sucedido. “Es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas”, indicaba el texto ahora eliminado, entre otras cosas porque es imposible “buscar una simetría justificatoria” entre “particulares” que integraban grupos armados y el Estado.
Estas operaciones de cambio de discurso se tradujeron en otras acciones, como que el gobierno se retirara como querellante en decenas de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, pero también permearon el Poder Judicial. Desde allí se aprobaron las prisiones domiciliarias para los represores condenados por delitos de lesa humanidad –incluidos aquellos involucrados en desapariciones y prácticas sistemáticas de secuestro y tortura, como Miguel Etchecolatz– y se otorgó el beneficio 2x1, que permitía reducir las penas de los represores, que luego fue bloqueado por el Congreso.