“¡Increíble! Le tienen mucho miedo al pueblo”, dijo en Twitter la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, después de que se conociera que el alcalde de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), había pedido al gobierno que enviara a soldados del Ejército a la ciudad para el 24 de enero. Ese día está previsto que el Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región, que tiene sede en Porto Alegre, trate la apelación presentada por Luiz Inácio Lula da Silva a la condena que le impuso el juez de Curitiba Sérgio Moro. El ex presidente fue condenado a nueve años y medio de prisión por actos de corrupción de los que se ha declarado inocente. Si la condena es ratificada, Lula quedaría a un paso de ser inhabilitado para participar en las elecciones del 7 de octubre, para las que aparece como favorito en todas las encuestas.
Para el 24 de enero, el PT y organizaciones sociales convocaron a una gran movilización para respaldar al ex presidente y exigir lo que consideran su derecho a votarlo en las elecciones. Entre otros, participarán en ese acto el Movimiento de los Sin Tierra, la Central Única de Trabajadores y la Vía Campesina. Las distintas organizaciones están conformando equipos en varias localidades para reunir a más manifestantes. Entre los asistentes participarán también varios referentes políticos, como la ex presidenta Dilma Rousseff.
Ante esta convocatoria, Marchezan presentó un pedido formal al presidente Michel Temer para solicitar el envío del Ejército a Porto Alegre. El objetivo de esa presencia sería “garantizar la seguridad de la población y la preservación del patrimonio público, especialmente en el área central de la ciudad, durante el juicio del ex presidente de la República”. En redes sociales, Marchezan acusó a los dirigentes del PT de estar convocando a “una invasión” de la ciudad.
El Ministerio de Justicia señaló que el Ejército tiene presencia en Rio Grande do Sul desde 2016 y que no es necesario hacer un nuevo envío de militares a la capital de ese estado. Además, aclaró que los alcaldes no pueden pedir la presencia del Ejército, ya que esa atribución es exclusiva de los gobernadores. José Ivo Sartori, gobernador de Rio Grande do Sul, no consideró necesario responder la solicitud de Marchezan.
El ex presidente del PT Rui Falcão aseguró que el pedido de presencia del Ejército es un intento de “intimidar a los manifestantes pro Lula”. Por su parte, Hoffmann criticó un fallo previo de la Justicia de Porto Alegre que prohíbe que se hagan campamentos en los alrededores del Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región hasta el 27 de enero, tres días después de la fecha de la movilización.
Dirigentes del PT también acusaron de imparcial al Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región. En particular, a su presidente, Carlos Eduardo Thompson Flores, que dijo en agosto al diario O Estado de São Paulo que la sentencia de Moro es “técnicamente irreprochable” en su evaluación de las pruebas y “va a entrar en la historia de Brasil”. El magistrado comparó el caso de Lula con el de Vladimir Herzog, un periodista asesinado por la dictadura, cuyo caso llevó a que el Estado fuera condenado por prisión, tortura y asesinato. Aun así, aseguró que la apelación será tratada “con la imparcialidad que requiere” porque “la Justicia no puede ni debe estar al servicio de ideologías políticas, de pasiones partidarias e, incluso, de pasiones populares”.
Además de las críticas al juez, hubo otras para la jefa del equipo del presidente del tribunal, Daniela Kreling Lau, quien inscribió una solicitud en la plataforma change. org para reunir firmas con el fin de pedir que la condena de Lula sea ratificada. “Lula. Brasil entero exige tu prisión”, se llama la solicitud, que fue eliminada después de que se informara al respecto en varios medios periodísticos brasileños y de que fuera criticada por dirigentes del PT. “Persecución para Lula y activismo político dentro del Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región. Es escandaloso. ¿Qué puede esperar Lula del Poder Judicial, de este tribunal, si la jefa de gabinete del presidente del tribunal pide en su Facebook la prisión de Lula?”, se preguntó Hoffmann en Twitter.
Perspectivas
La decisión que se adopte el 24 puede no ser definitiva y seguramente Lula no sea enviado inmediatamente a prisión si la condena es ratificada. Una de las posibilidades es que el tribunal retrase la decisión, algo que parece poco probable. Otra es que lo absuelva, tras lo cual podría haber una nueva apelación por parte de Moro. Y otra es que ratifique la condena. En este último caso, Lula puede presentar, en primera instancia, apelaciones ante el mismo tribunal, que retrasarían su traslado a prisión, y también puede apelar ante el Supremo Tribunal Federal, en cuyo caso podría mantenerse en libertad y habilitado para postularse a las elecciones. El período de inscripción de candidatos termina el 15 de agosto y será el Tribunal Supremo Electoral el que defina si está habilitado o no, una decisión que Lula también podría apelar ante este órgano.