Se espera que Tegucigalpa amanezca mañana rodeada de militares y policías en vehículos blindados que intentarán evitar posibles disturbios durante la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, que asumirá su segundo mandato como presidente de Honduras. Hernández fue declarado ganador de las elecciones de noviembre por el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de las denuncias de fraude de la Alianza de Oposición, que insiste en que el verdadero vencedor fue su candidato, Salvador Nasralla.
Desde entonces, la oposición ha convocado a protestas callejeras masivas para pedir la repetición de los comicios. Muchas terminaron en episodios violentos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que ya dejaron más de 30 muertos, de acuerdo con organizaciones civiles.
Las movilizaciones continúan y no cesarán mañana, ya que el partido de Nasralla convocó una protesta masiva en la capital del país para “boicotear” el acto de asunción de Hernández, al que no asistirá ningún jerarca extranjero.
Nasralla insiste en que él ganó las elecciones pero el ente electoral cometió irregularidades con el objetivo de que ganara Hernández. En ese momento, el dirigente opositor impugnó los resultados electorales, pero todavía no obtuvo respuesta, por lo que el martes decidió “agotar las instancias legales”, según explicó, y presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial.
La denuncia de la oposición ha sido respaldada por observadores internacionales y por la Organización de los Estados Americanos. Este organismo incluso había propuesto celebrar nuevas elecciones por esas irregularidades, pero el lunes sorprendió al manifestar su “firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras”.
Mientras tanto, el actual gobierno sigue buscando maneras de resolver la crisis política. El secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, informó ayer que pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “apoyo técnico” para la puesta en marcha de un proceso de “diálogo nacional”. Este debería servir, según se lee en la carta enviada a la ONU, para “alcanzar acuerdos que permitan la construcción de un pacto social por la paz, la seguridad ciudadana, la convivencia armónica y el desarrollo político, económico y social sostenible” del país.