La Secretaría de Energía de Argentina dio a conocer la semana pasada una resolución que establecía que las empresas distribuidoras de gas tenían que cobrar un pago adicional a los usuarios para compensar a las productoras las diferencias generadas por la suba del dólar en el período de abril a setiembre. El plan pretendía que este monto fuera pagado en 24 cuotas a partir del 1º de enero, lo que iba a implicar un aumento de la tarifa del gas de alrededor de 10%.
Sin embargo, el rechazo generalizado que desató la medida –en la sociedad, en la oposición y en el seno de la coalición oficialista– hizo que el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, diera marcha atrás. Ayer, mientras legisladores de la mayoría de los partidos opositores analizaban vías para derogar la iniciativa en el Senado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó que el aumento no se cobrará a los usuarios, sino que lo pagará el gobierno en 30 cuotas.
De esta forma, el Ejecutivo evitó dos grandes dolores de cabeza: dejó sin sentido la sesión especial que la oposición convocó en la Cámara de Diputados para el jueves 18 con el objetivo de derogar el decreto, y desactivó las medidas judiciales que el juez federal Guillermo Marijuán había pedido contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El lunes, en una conferencia de prensa, Iguacel había explicado las razones de la decisión y dijo que la suba implicaba que los usuarios se hicieran cargo de la mitad de la deuda que se acumuló por la suba del dólar (10.000 millones de pesos argentinos). El resto lo absorberían las empresas.
De entrada, el anuncio sobre el nuevo “tarifazo” generó cortocircuitos en la interna de la gobernante alianza Cambiemos. En primer lugar porque, según dijeron fuentes de la Casa Rosada al diario La Nación, Iguacel anunció la medida sin previo aviso. El propio secretario reconoció ante los medios que no había hablado del tema con el presidente Macri.
Pese a esto, el mandatario defendió ayer el decreto. “Soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te digan que la energía no costaba nada y asumir que ahora cuesta y que hay que pagarla”, dijo Macri a la radio M durante una visita a Olavarría. “Siento que estamos estabilizando la cosa, pero hay que terminar de entender que no podemos seguir viviendo de prestado”, afirmó.
La medida, además, había provocado el rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR), que integra la alianza Cambiemos. La dirección de este partido manifestó que se había enterado del nuevo aumento en las tarifas por los medios y reclamó que fuera el Estado el que compensara a las empresas de gas por la devaluación del peso argentino.
El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, dijo que no “comparte” el cobro de un retroactivo a los usuarios y reclamó “no seguir impactando en la clase media, la media baja y la baja”. Agregó que en la interna de Cambiemos se “había hablado otra cosa”.
Una encuesta publicada el lunes por el Centro de Estudios Metropolitanos concluyó que 75% de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana consideran que la nueva tarifa del gas era “cara” o “impagable”.