Preocupado ante la ola creciente de violencia neofascista en el continente, el Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que insta a todos los estados miembros del bloque a prohibir e ilegalizar todo tipo de organizaciones que exalten el fascismo. Según informó el diario madrileño El País, los diputados europeos aprobaron el texto con 355 votos a favor, 90 en contra y 39 abstenciones.
Pero sacarlo adelante requirió negociaciones. Los bloques popular y liberal –que reúnen a los partidos más conservadores, entre ellos el Partido Popular (PP) español y Ciudadanos– exigieron que no se especificaran los nombres de las asociaciones que deben ser ilegalizadas, para no abrir un debate.
La resolución aprobada, que no tiene efecto vinculante, sí tiene enmiendas y en una de ellas –que no fue votada por el PP– hace referencia explícita a España y se manifiesta que el Parlamento Europeo “acoge con satisfacción la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados de trasladar los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, convertida en lugar de peregrinación de la extrema derecha; pide a las autoridades españolas que supriman de manera efectiva todos los demás símbolos o monumentos que exalten el levantamiento militar, la guerra civil y la dictadura de Franco”.
En agosto el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó un decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, un conjunto monumental ubicado en las afueras de Madrid, en el que fueron enterrados más de 30.000 combatientes de la Guerra Civil Española, entre ellos, alrededor de 12.000 muertos republicanos que no están identificados.
El cadáver de Franco será trasladado a la Catedral de la Almudena, ubicada en el centro de la capital española, donde la familia del dictador tiene una sepultura. La Conferencia Episcopal española, por intermedio de su secretario general, José María Gil Tamayo, explicó que la entidad “no tiene un departamento de defunciones ni competencias al respecto, pero tampoco puede negarle a un cristiano su sepultura en un sitio del templo que está habilitado para ello y en el que la familia tiene además un derecho adquirido”.
Esta opinión no es compartida por un grupo de alrededor de 50 colectivos entre los que figuran víctimas del franquismo, asociaciones militantes por la memoria histórica, organizaciones vecinales, políticas, sindicales y culturales, que han suscrito una carta remitida a Sánchez, en la que le piden que se “tomen las medidas necesarias” para que el dictador no sea enterrado en la Catedral de la Almudena. Advierten que en caso de que Franco sea trasladado a la Almudena, el lugar puede convertirse en “un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos y, como respuesta, en un lugar de movilización antifascista”.
Estos grupos se movilizaron ayer en el centro de Madrid y organizaron una campaña en change.org bajo la consigna “¡Un dictador no merece privilegios!”, que ya tiene cerca de 100.000 adhesiones.
El presidente Sánchez manifestó, según informó eldiario.es, que “lo importante es que el dictador salga de un espacio que pertenece al Estado”, al tiempo que remarcó que la tumba de Franco será instalada en un lugar privado dentro de la Almudena.