El equipo de asesores del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, trabaja desde el lunes para definir cuáles serán las primeras medidas que tomará el nuevo gobierno después de que asuma el poder el 1º de enero. En las últimas horas, los colaboradores más cercanos al ultraderechista anunciaron que la prioridad será poner en marcha el programa económico y, especialmente, impulsar la reforma del sistema de la seguridad social.
“La reforma de la previsión social es la más importante”, aseguró ayer, contundente, el futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, durante una reunión para preparar la transición con el gobierno del actual mandatario, Michel Temer. Explicó que esta reforma es prioritaria porque el “foco inicial” de la próxima administración es controlar la expansión de los gastos públicos.
Guedes no quiso hablar de plazos, aunque sugirió que la reforma es urgente. “Si le preguntan al economista, tendría que haber sido anteayer, 30 años atrás como en Chile o dos años atrás con Temer. En tres meses, antes de que se termine el año, también”, afirmó.
Sobre el contenido de la reforma tampoco dio detalles, aunque insistió en que la idea es avanzar hacia un régimen de “capitalización individual”, en el que los beneficios que se paguen sean el resultado de la capacidad de ahorro que tenga el trabajador para su jubilación.
Según el programa de gobierno de Bolsonaro, la idea es que este modelo de la seguridad social se introduzca de manera paulatina. Durante la transición de un modelo a otro, el gobierno del Partido Social Liberal daría a los ciudadanos la opción de elegir entre este nuevo sistema o el actual, que se basa en el ahorro solidario universal, que en teoría intenta garantizar una jubilación digna cualquiera sea el ingreso del trabajador y su capacidad de ahorro. El plan de Bolsonaro también plantea que aquellos que opten por la capitalización individual tendrán ciertos beneficios.
El plan implica un claro recorte, ya que serían destinados menos recursos del Estado al sistema de jubilaciones. “Obviamente, la transición de un régimen al otro genera un problema de insuficiencia de recursos en la medida en que los jubilados dejarán de contar con la contribución de quienes opten por la capitalización”, afirma el programa. Por eso, agrega el documento, se creará un fondo “para reforzar la financiación de la previsión y compensar la reducción de las cotizaciones de la seguridad en el sistema antiguo”. Pero todavía nadie explicitó de dónde se sacarán los recursos para crear ese fondo.
El lunes, el diputado Onyx Lorenzoni, futuro secretario de Presidencia de Bolsonaro, dijo a periodistas brasileños que la reforma es “de largo plazo” y “para los próximos 30 años”. Además, insistió con que es importante “separar la asistencia de la jubilación”, ya que “hay personas con una insuficiencia económica que deben ser atendidas por el Estado, y esa solidaridad debe existir”. Sin embargo, agregó que “eso tiene que ser separado del seguro contratado por el ciudadano, que es la jubilación”, mientras se crean las condiciones necesarias para fomentar el “ahorro interno” y la capitalización individual. Lorenzoni reconoció, como Guedes, que el plan es avanzar hacia un modelo similar al de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas. De hecho, es un hecho conocido que el próximo ministro de Hacienda trabajaba en la Universidad de Chile a principios de los años 80, cuando se instaló ese sistema en el país, y quedó fascinado con su funcionamiento.
En Chile, donde se estableció en 1982 que el sistema de capitalización individual sería el único para aquellos trabajadores que se incorporaran al mercado laboral, esta situación motivó sucesivas manifestaciones contra las bajas jubilaciones.
La reforma de la seguridad social, considerada inaplazable por el mercado financiero para recuperar las deficitarias cuentas públicas, es una de las asignaturas que le quedarán pendientes a Temer. El actual presidente llegó a enviar una propuesta al Congreso, pero se estancó en medio de conflictos políticos y no llegó a ser discutida. Lorenzoni explicó que la idea es presentar un proyecto nuevo porque el de Temer estaba diseñado para tener que ser modificado en cinco años, y el objetivo de Bolsonaro es establecer un régimen “para las próximas generaciones”.
En el último año, el déficit fiscal de Brasil fue de unos 137.500 millones de dólares, incluyendo el pago de intereses, lo que equivale a 7,45% del Producto Interno Bruto. Según dijo el economista brasileño Fábio Ramos al diario chileno La Tercera, actualmente “40% de todo el gasto público federal de Brasil va al sistema de pensiones” y “dentro de diez o 15 años representará más de la mitad”, una tendencia que incrementaría la deuda.
Si bien el modelo de capitalización es el que más le sirve al mercado, muchos expertos temen que la transición de un sistema a otro genere más deuda.