La población en las cárceles de Paraguay desbordó con creces la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario. En 18 años, se multiplicó por cinco la cantidad de personas que están en prisión, y de esta manera, un sistema que tiene capacidad para 9.000 personas llegó a alojar a 14.000, según números publicados por el diario Última Hora y la agencia de noticias Efe. La situación es más grave en algunos de esos centros, como la cárcel de Tacumbú, cuya población duplica su capacidad real. Por otra parte, la mayoría de las personas que están privadas de libertad, 78% del total, ni siquiera tiene condena.
Frente a estos números, el gobierno paraguayo decidió declarar el estado de emergencia en el sistema carcelario. Durante los 12 meses de vigencia que tiene esa declaración, el Ejecutivo de Mario Abdo Benítez se propone acelerar la construcción de cinco nuevas cárceles, que se sumarán a las 16 que ya existen, y en hacer mejoras en los edificios actuales, informó el Ministerio de Justicia. Con el decreto, esta cartera puede acelerar los procesos de contratación para esas tareas, y se encomienda al Ministerio de Hacienda que considere las cárceles una prioridad y transfiera recursos para atender esta situación.
El decreto señala que “el hacinamiento existente acarrea como consecuencia que los reclusos no cuenten con espacios mínimos y las condiciones de higiene no sean las adecuadas”, y agrega que se vuelve “indispensable otorgar una respuesta eficaz y eficiente destinada a mejorar la infraestructura en los centros penitenciarios, en cuanto a reparación y construcción de nuevos establecimientos”. En el texto, el gobierno reconoce que la situación actual “entraña un serio riesgo para el sostenimiento del Sistema Penitenciario Nacional”.
Por su parte, el senador Gilberto Tony Apuril, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, anunció que recibió un informe acerca de las condiciones de reclusión en las cárceles elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que va a estudiar a fondo esta situación. El comisionado de este mecanismo, Dante Leguizamón, dijo a Efe que se debe analizar en particular el “abuso de la prisión preventiva” en el país.
Pese a que existe coincidencia en la necesidad de cambiar la situación de las cárceles, esta no es la primera declaración de emergencia que se dicta para modificarla. Según recordó el diario ABC Color, el ex presidente Horacio Cartes aprobó un decreto similar en 2016, pero esto no evitó la crisis actual.