El gobierno español presentó ayer un plan para expulsar los servicios de medicina alternativa, o las “pseudoterapias”, de los centros de salud públicos y privados. El objetivo principal de los ministerios de Salud y de Ciencia, responsables de la iniciativa, es el de “proteger la salud” de los ciudadanos españoles de terapias que “no funcionan” y, por lo tanto, constituyen un engaño para el usuario. Cuando entre en vigencia esta iniciativa, ningún centro de salud de España podrá ofrecer alternativas que no estén científicamente comprobadas. Esto incluye el reiki, la acupuntura, la homeopatía y otros más de 100 servicios que contiene la lista oficial.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, la utilización de estas pseudoterapias “afecta negativamente a la salud” de las personas, ya sea “perpetuando algunas dolencias, generando otras o, incluso, aumentando el riesgo de muerte”. Esto último puede ocurrir, detalla el documento, “porque favorecen el retraso o la sustitución de tratamientos convencionales” o “porque reducen la efectividad de estos últimos, como han demostrado varias investigaciones”.
La ministra de Salud española, María Luisa Carcedo, dijo ayer en la presentación del plan que todos aquellos centros privados que quieran seguir ofreciendo terapias alternativas deberán renunciar a llamarse centros de salud. “Serán otra cosa, pero no un centro sanitario”, dijo. Agregó que para evitar “el intrusismo”, se deberá garantizar que todas las actividades relacionadas a la salud estén a cargo de profesionales que dispongan de los títulos oficialmente reconocidos.
Con la iniciativa, el gobierno también se propone combatir la “publicidad engañosa”, es decir, la difusión de información sobre productos que se promocionan como sanadores aunque no están avalados por la comunidad científica. “En ningún caso podrán promocionar sus productos diciendo que, por ejemplo, curan el cáncer. Podrán decir cualquier cosa, que sus clientes hacen el pino puente o que dan volteretas con sus productos. Pero nada más”, afirmó, irónica, Carcedo.
Por otro lado, el plan buscará facilitar el acceso de los ciudadanos a información veraz sobre las medicinas alternativas. “Es la mejor vía”, dijo ayer el ministro de Ciencia, Pedro Duque, para que los españoles “puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su uso”. Para lograrlo, el gobierno se compromete a trabajar con los medios de comunicación para “generar y difundir información basada en el conocimiento y la evidencia científica”.
El ministro Duque aclaró ayer que la voluntad del gobierno no es “eliminar las creencias personales de cada uno” para que la sociedad española tenga “un pensamiento único”, sino “que los ciudadanos tengan toda la información para tomar las decisiones en lo que a su salud se refiere”.
Otra línea del plan tiene que ver con la formación de los futuros médicos, ya que también propone la eliminación de los contenidos sobre pseudoterapias en las universidades, para así erradicar todos los programas sin evidencia científica. Esto, de hecho, es algo que ya se venía haciendo en varias universidades españolas. En 2016, por ejemplo, la Universidad de Barcelona decidió suprimir el máster en homeopatía que impartía desde 2004 por “falta de base científica”. La Complutense de Madrid hizo lo mismo el año pasado con sus títulos relacionados con esa asignatura. La idea del nuevo plan es reforzar este tipo de medidas.
Por último, el gobierno contempla impedir que cualquier acto que “promueva la utilización de pseudoterapias” obtenga “el reconocimiento de interés sanitario”.
El documento concluye con una mención especial a las llamadas entidades “escépticas” por sus aportes durante la elaboración de la estrategia. Nombra a la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, el Círculo Escéptico, Farmaciencia, la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad, y la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Todas ellas aplaudieron ayer el “gran paso adelante” del gobierno en la lucha para combatir las terapias no avaladas por la ciencia y esperan que, pronto, las medidas anunciadas se transformen en acciones concretas.
Todavía quedan varios meses para que eso suceda. Antes de la aprobación final, el plan será analizado por otros actores involucrados en la discusión, como los colegios de profesionales y las sociedades científicas, y requerirá la modificación de cuatro decretos reales. Hoy, como primer paso, será presentado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde podrán manifestar su posición las comunidades autónomas.