Fernando Haddad, ex candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), fue procesado ayer por corrupción pasiva y lavado de dinero. Un tribunal del estado de San Pablo recibió la denuncia por parte de la Fiscalía estadual, que acusa al dirigente petista de recibir cerca de dos millones y medio de reales –algo más de 700.000 dólares– por parte de la empresa constructora UTC para saldar deudas procedentes de la campaña electoral de 2012, en la que Haddad fue electo alcalde de la ciudad de San Pablo. Según informaron medios brasileños, Haddad negó rotundamente las acusaciones y aseguró que defenderá su inocencia.
La denuncia de la Fiscalía, que se presentó en setiembre, se basó en una confesión del empresario Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente de la constructora UTC, que dijo haber hecho una donación a Haddad. Pessoa afirmó que la ayuda financiera fue solicitada por el entonces tesorero del PT, João Vaccari Neto, y que los recursos fueron aportados a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras, que le fueron adjudicados irregularmente a la UTC durante el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, informó la agencia de noticias Efe. En un comunicado de prensa publicado ayer, Haddad dijo que “la denuncia es un intento de reciclar la ya conocida delación de Ricardo Pessoa, que no tiene credibilidad”, y que “con ese mismo testimonio, sobre los mismos hechos, de un delator cuyo relato ya fue descartado por la Corte Suprema, la Fiscalía hizo una denuncia por irregularidades electorales que no fue admitida por la Justicia”.
Esta es la primera vez que la Justicia acepta abrirle un juicio a Haddad, que enfrenta otras acusaciones. La denuncia en su contra involucra también a Vaccari, Pessoa, Walmir Pinheiro Santana –otro ejecutivo de UTC– y el cambista Alberto Youssef, cuyas empresas supuestamente fueron usadas para realizar las transferencias de dinero.
El ex candidato presidencial agregó que el empresario Pessoa “vio que sus intereses no estaban siendo contemplados” cuando él estaba al frente de la alcaldía de San Pablo, y que el procesamiento “es un abuso que será llevado a los tribunales”.