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Cultivo cerca de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, el 8 de febrero de 2018.

Foto: Pablo Aharonian

La Fiscalía presenta una nueva acusación contra Lula

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El ex presidente de Brasil es acusado de tráfico de influencias y lavado de dinero.

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A los seis procesos abiertos contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se agregó ayer uno más. La Fiscalía lo acusó de haber utilizado su prestigio internacional para mediar entre una empresa privada brasileña, la constructora de infraestructura ARG, y el gobierno de Guinea Ecuatorial, con el que esa firma quería hacer negocios. A cambio, según la acusación, el dirigente recibió una donación de unos 260.000 dólares “disimulados en forma de una donación de la empresa al Instituto Lula”.

De acuerdo con la Fiscalía, esas negociaciones se desarrollaron entre setiembre de 2011 y junio de 2012, cuando Lula recién había dejado la presidencia. Su último mandato finalizó el 1º de enero de 2011.

El director de la firma ARG, Rodolfo Giannetti Geo, que según la Fiscalía contactó al ex presidente para que interviniera ante el gobierno de Teodoro Obiang, fue acusado por los mismos delitos. Por su parte, de acuerdo con los investigadores, Obiang le había pedido a Lula que intercediera ante la presidenta de entonces, Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, para que facilitara el ingreso de Guinea Ecuatorial a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, informó la Agência Brasil.

En respuesta, uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, dijo que la denuncia es parte de la persecución política que sufre el ex presidente, y que no hay elementos de prueba en su contra. En una carta, manifestó: “La acusación fue construida basada en la retórica, sin apoyo en una conducta específica practicada por el ex presidente Lula, que ni siquiera tuvo oportunidad de dar alguna aclaración sobre la versión de la denuncia antes del espectáculo que una vez más acompaña una iniciativa del Ministerio Público, aniquilando las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y del debido proceso legal”.

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